A pesar de que tuvieron tres meses para cumplir con la verificación vehicular, y de que la mayoría no cumple ni con la modernización pactada desde hace tres años, concesionarios y conductores del transporte público piden una prórroga para acatar este requisito que busca reducir los índices de contaminación en la entidad.
A decir de representantes del transporte público consultados por El Sol de Puebla, el plazo de 15 días otorgado recientemente por el gobierno y que vence el próximo domingo es insuficiente para contar con el holograma de verificación.
Desde su perspectiva, debería de ser mínimo dos meses más, incluso, consideran que las autoridades estatales los están “ahorcando”, pues arrastran temas económicos pendientes como acatar en su totalidad la modernización del transporte público, así como dotar de prestaciones laborales y seguridad social a los choferes, por lo que la verificación se suma a la lista de gastos extras.
Javier Ruiz, representante de la Ruta 41, platicó a este medio que cuentan con 35 unidades tipo microbús y van, de los cuales cinco están pendientes de este proceso, ya que se encuentran en el taller automotriz para atender los desperfectos relacionados con el motor; sin embargo, estimó que el plazo de 15 días extras que otorgó el gobierno del estado no es suficiente para obtener el holograma, pues existe una saturación en los verificentros, por lo que pidió mínimo dos meses extras.
“Esperamos un plazo mayor para no tener problemas para verificar, los transportistas están conscientes con que tienen que cumplir con esto. Estamos comprometidos a cumplir con la verificación, pedimos al señor gobernador (Sergio Salomón Céspedes) que nos de más tiempo para cumplir”, comentó.
Además, consideró que los transportistas están “azotados” por los bajos ingresos derivado de la crisis sanitaria de Covid-19, así como por no tener una tarifa homologada. Tan solo en la reparación han invertido alrededor de 35 mil pesos por unidad, asentó.
“Estamos trabajando en el tema de la nueva ley del transporte, en la renovación del parque vehicular, no sólo es la verificación; la realidad es que venimos desgastados, no sabemos si seguir en esto o tirar la toalla, casi, casi estamos en la guillotina”, dijo.
Pese a que Felipe Guzmán, concesionario de la Ruta 52, indicó que “van adelantos” en el proceso, también pide incrementar el plazo a dos meses. Explicó que la revisión tarda aproximadamente una hora por unidad y los espacios son insuficientes para la cantidad de vehículos que son atendidos al día.
“No fue fácil, tuvimos que dar mantenimiento a las unidades, algunas no pasaron a la primera porque llevaban detalles en llantas, la verdad es que no ha sido fácil, pero tenemos un 70 por ciento de las unidades verificadas”, externó.
Ángel Salina, jefe de ruta del la Ruta 55, solicitó extender el plazo medio año más bajo la justificación de que las citas las están otorgando hasta febrero, por lo que ellos no pueden apresurar las citas. Platica que desde octubre llevaron las 60 unidades con las que cuentan a los centros de verificación; sin embargo, al igual que los casos anteriores, al menos tres les fueron rechazadas por presentar problemas por culpa de la antigüedad de los vehículos.
“El gobierno no está siendo justo, nos están poniendo el pie, la situación es que hay muchos particulares que están pasando, pero si nos dejaran solo al servicio público verificar, entonces ya hubiéramos logrado verificar la mitad”, afirmó.
Además, expuso que la tarifa vigente es un impedimento para tener las unidades en perfecto estado, ya que al no estar homologada, el ingreso que les corresponde es menor, lo que impide darles mantenimiento constante.
“Si el gobernador pusiera parejo la tarifa, sí tendríamos unas unidades en buen estado para dar un buen servicio a los poblanos. Desde octubre se llevaron las unidades y en diciembre se hizo el segundo intento, pero aún están pendientes”, puntualizó.
Hay que recordar que la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Elsa Bracamonte González, señaló que los transportistas de los municipios de Puebla, Atlixco, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tehuacán y San Andrés Cholula que no logren acreditar que cumplieron con la verificación vehicular de sus unidades, y que además emitan altas cantidades de contaminantes, serán retirados de la vialidad.
La funcionaria dio a conocer que habrá un periodo de tolerancia para que aquellos propietarios de vehículos utilizados para el transporte público, incluidos taxis concesionados y de aplicación mercantil, puedan cumplir con este trámite obligatorio, esto con el objetivo de evitar que sean acreedores a una multa de hasta mil 924.4 pesos.
Los transportistas de los municipios referidos, que son los que cuentan con centros de verificación, tienen hasta el 15 de enero para cumplir con el programa ambiental. Los del resto fueron beneficiados con una prórroga de seis meses.
Periodo corto y costo caro, exponen
Ante el ultimátum que se les dio a los concesionarios del transporte público en Puebla para verificar sus unidades, son pocos los que han acudido para llevar a cabo este proceso, mientras que otros hacen caso omiso de esta medida, ya que acusan que el periodo es muy corto y el costo (628 pesos) elevado.
El Sol de Puebla se dio a la tarea de sondear a operadores del transporte de la ciudad de Puebla y la zona metropolitana, quienes se mostraron herméticos. Unos pocos se atrevieron a declarar y señalaron que el monto a pagar para la verificación es abusivo, ya que el parque vehicular se encuentra con severos daños. Esto pese a que deberían haber cumplido con la remodelación de las unidades.
De acuerdo con Román, conductor de la ruta 19, el tiempo que se dio para realizar este proceso que busca mitigar la contaminación ambiental (de mediados de octubre al 15 de enero) fue poco, pese a saber (en el gobierno del estado) que los vehículos de transporte público son muchos. Ante eso, no ha llevado a cabo esta norma.
Aunque reconoció que hay quienes sí cumplieron en tiempo y forma, aseguró que no todos tienen las posibilidades de hacerlo, puesto que depende mucho de los años de cada uno de los transportes, pues “entre más viejos, más caro”.
“Fue muy poco el tiempo, la verdad no creo que todos vayan a poder verificar. Las autoridades no ven que no tenemos muchos recursos, piensan que es poco pagar 628 pesos, pero no es así, tenemos que hacer composturas”, señaló.
Por su parte, Anselmo, conductor de la ruta 28, expuso que algunos de sus compañeros han acudido en varias ocasiones a verificar, pero debido a las condiciones de los automotores no pasan la evaluación y deben regresar. Antes de ir a un verificentro de nueva cuenta desembolsan más de 2 mil pesos para los ajustes que se le hace al vehículo, lo que representa un gasto excesivo.
Lo anterior ha desencadenado la preocupación de los concesionarios, pues quedan pocos días para que venza la prórroga que anunciaron las autoridades estatales de Puebla.
A su vez, Genaro y Humberto, taxistas desde hace más de 10 años, refirieron que como “buenos mexicanos, todo lo dejaron a última hora”, pero a esto se le sumó que el precio es caro y no ven justo que todos paguen lo mismo.
Explicaron que aun cuando la pandemia de coronavirus ya lleva varios años y la gente se ha acostumbrado a vivir así, no han podido recuperar los ingresos de antes, pues la economía realmente sufrió un duro golpe.
También argumentaron que las plataformas de Uber, Didi y Cabify, entre otras, continúan ganando más mercado y por ende ellos se ven afectados. Por tanto es que se habían negado a verificar, pero descontentos buscaron una cita en estos días para cumplir.
“No tuvimos de otra más que venir (al verificentro), no queremos multas. Si así nos cuesta pagar más de 500 pesos, va a ser peor gastar más. Deberían ser más flexibles al menos con nosotros”, opinaron.
El pasado 2 de diciembre la secretaria de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamonte González, dio a conocer que durante todo el último trimestre del año pasado, 32 mil 400 vehículos utilizados para este fin no cumplieron con su trámite, es decir que el 90 por ciento de todo el parque vehicular incumplió su obligación.
Por lo antes mencionado se anunció un plazo de 15 días más, una vez vencido, comenzarán las revisiones para aplicar las sanciones económicas correspondientes que van de hasta mil 924.4 pesos, así como el retiro de la unidad.
Con información de: Martha Cuaya y Daniel Cortés | El Sol de Puebla.
