El caso de la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Pérez Fragoso, llegó al Congreso del Estado debido a que recibió el oficio que emitió el gobierno municipal de San Pedro Cholula respecto al tema, por lo que, ahora será el Poder Legislativo quien determinará si es procedente la suspensión del mandato de la integrante del Cabildo.
En la pasada sesión ordinaria, la secretaria de la Mesa Directiva, Tonantzin Fernández, leyó los oficios en cartera, en donde el documento SSRA045/2023 contiene la información relacionada al caso. Ante esto, los diputados locales que conforman la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tomarán las decisiones respecto al tema.
Dicha comisión es presidida por la legisladora local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruíz, el secretario es Eduardo Alcántara Montiel, emanado del PAN, por Morena está Roberto Solís Valles, Eduardo Castillo López y Jocelyn Olivares López. En tanto, de los integrantes del PRI está Laura Ivonne Zapata Martínez y Néstor Camarillo Medina.
Recientemente, en un comunicado de prensa emitido por el gobierno municipal, se indicó que la servidora pública del tricolor ya fue notificada de las determinaciones apegadas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica Municipal.
El comunicado finalizó al afirmar textualmente “se respetan las competencias constitucionales del Honorable Congreso de Puebla, de revocar o suspender a la C. Beatriz Pérez Fragoso, en el cargo de regidora, ello, a partir del ejercicio de las competencias constitucionales que también tienen los Órganos Internos de Control en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, de amonestar, destituir e inhabilitar a la servidora pública”.
El 30 de noviembre del año pasado la Contraloría Municipal informó la separación del cargo de la regidora del PRI por presuntamente ocupar dos plazas laborales en el ayuntamiento, a raíz de una queja interpuesta por la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Comuna “Luis Cabrera”.
Ante el hecho, la cabildante recurrió al amparo y obtuvo un fallo a su favor por un juez federal para incorporarse a sus funciones a inicios de este año.
Sin embargo, la Contraloría Municipal al concluir el procedimiento determinó las sanciones ya descritas. En respuesta la regidora acusa que éstas fueron ordenadas desde Presidencia por ser “incómoda” a la alcaldesa y porque ha ventilado anomalías en este trienio.