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Por errores de la Fiscalía, liberan al gallero acusado de ordenar multihomicidio

  • Erika Sánchez
  • en Local

El empresario gallero Jorge Aduna Villavicencio abandonó la prisión en Durango, en los primeros minutos de ayer, al obtener la protección de la justicia federal que encontró deficiencias en las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado para señalar de secuestro agravado al empresario gallero detenido hace un año y cuatro meses, por la desaparición de seis vecinos de la colonia Lomas de San Miguel a finales del 2015 quienes habrían ingresado a robar a la residencia del hoy absuelto.

Jorge Aduna logró su liberación tras la promoción de un juicio de amparo, en el que su defensa alegó que hubo irregularidades en su detención, esto tras el cateo a una de sus propiedades en la colonia San José El Conde, en límites de Puebla y Tlaxcala y en los que se habrían encontrado elementos para incriminarlo en la desaparición y muerte de vecinos de Lomas de San Miguel.

Aunque en un principio el Juez Cuarto de lo Penal negó inconsistencias en el caso, y en abril ratificó el auto de formal prisión contra Aduna Villavicencio, todavía la semana pasada fue trasferido del Cereso de San Miguel al Cefereso 14 en Durango.

Leer más: Liberación de Aduna despierta impotencia en familiares de los asesinados de Lomas de San Miguel

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Amparo, en un segundo proceso de revisión ordenó el pasado miércoles otorgarle el amparo correspondiente a fin de que se le dictara un nuevo auto, que en su caso fue de libertad y así fue como abandonó la prisión en los primeros minutos del viernes.

Seguirá siendo un misterio la desaparición y probable asesinato de Marco Antonio Cuautle Cuautle, de ocupación lechero; Román Limón Gómez, abogado sin ejercer; Pedro Negrete Orea alias El Peter y Luis Ángel Flores Gutiérrez “El Chivo” (de manera simultánea) se dedicaban a la herrería y acabados residenciales; Rogelio Rivera Osorio, y Bryan Gerardo Torres Sandoval “El Melones”, “limpiaparabrisas” en el crucero del Bulevar Vicente Suárez y Fidel Velázquez en la unidad habitacional de La Margarita.

POSTURA DE LA FGE POR LA LIBERACIÓN DE ADUNA

La Fiscalía General del Estado, no obstante de estar en desacuerdo con la resolución pronunciada por el Poder Judicial Federal respecto del auto de liberación dictado a Jorge Aduna Villavicencio y demás copartícipes por el delito de secuestro agravado y que culminó en su libertad, se muestra respetuoso de sus determinaciones.

Como se hizo del conocimiento en anteriores ocasiones, en octubre de 2015, se denunció la desaparición de seis personas en la colonia San Miguel, en el Estado de Puebla por parte de sus familiares.

Una vez que el agente del ministerio público tomó conocimiento de lo sucedido y realizó las investigaciones pertinentes para identificar y localizar a los probables responsables, presentó en calidad de testigos a los portadores de dos líneas telefónicas que formaban parte de la investigación.

De las declaraciones rendidas por estas dos personas, se obtuvieron datos del lugar donde fueron privadas de la vida las víctimas y de los demás copartícipes, procediendo a su detención por caso urgente en términos del artículo 16 constitucional.

De las diversas diligencias realizadas, resalta el cateo que se llevó a cabo en una de las propiedades de Jorge Aduna Villavicencio, lugar en el que se encontraron pertenencias de las víctimas y el vehículo de una de ellas.

En razón de lo anterior, se ejercitó acción penal en contra de Jorge Aduna Villavicencio, Yosafhat Berlanga Flores, Ricardo López Meza, Antonio Cantú García y José Emmanuel Limón Meneses, como probables responsables del delito de secuestro agravado.

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El Juez Cuarto de lo Penal en el Estado, ratificó la detención realizada por los agentes de investigación y dictó auto de formal prisión en contra de los detenidos.

Inconforme con el auto, la defensa promovió juicio de amparo en contra de dicha resolución, misma que conoció al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado. En contra de la sentencia emitida por dicha autoridad federal se promovió recurso de revisión, mismo que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

La autoridad federal estimó que la detención de los probables responsables fue ilegal, al interpretar que no se dio el caso urgente que prevé y establece el propio artículo 16 constitucional, por lo que, con base en esa interpretación, decidió nulificar diversas pruebas que integran las averiguaciones previas, situación que desde luego esta Fiscalía no comparte.

Cabe resaltar que, aun cuando la autoridad federal en múltiples ocasiones fue desestimando las pruebas, el Juez Cuarto de lo penal dictó en tres ocasiones más auto de formal prisión por contar con elementos suficientes y bastantes para acreditar su probable responsabilidad.

En cumplimiento al último requerimiento realizado por la autoridad federal, se desestimaron otras probanzas, decretando así el Juez Cuarto de lo Penal, auto de libertad (ayer) por falta de elementos para procesar.

Esta libertad no implica que las personas que señaló la Fiscalía como probables responsables sean inocentes, sino más bien un problema de criterios respecto el cumplimiento de los requisitos de la figura de caso urgente, de la que han existido diversas posturas. La Fiscalía hará valer todos los recursos de queja procedentes.

Así mismo, una vez que sean devueltas las constancias al agente del ministerio público, se subsanaran las observaciones de la autoridad federal y en su momento se solicitará al Juez del conocimiento lo conducente.

CON EL MISMO AMPARO YA HABÍAN LIBERADO A MINISTERIALES

Cabe recordar que, curiosamente con el mismo amparo con el que ahora logró su liberación Jorge Aduna; el pasado 20 de abril también dejaron el penal de San Miguel los dos agentes ministeriales Javier C. V. y José Felipe R. H., quienes estaban acusados de filtrar información al empresario gallero.

Su liberación la lograron los defensores José Luis Ramírez Téllez y Nicolás Machorro Contreras, del Corporativo Jurídico “Ramírez Téllez y Asociados”, pues demostraron que no había elementos incriminatorios hacía sus clientes, por lo que se dio su liberación.

“Los amparos no se conceden por o para cometer delitos, sino por la violación de los derechos fundamentales contra los inculpados; además con esta última liberación, se pone en tela de juicio las investigaciones de la Fiscalía General del Estado”, comentaron brevemente a EL SOL DE PUEBLA, Ramírez Téllez y Machorro Contreras.

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