El coordinador del grupo legislativo del PT en el Congreso del Estado, José Juan Espinosa Torres, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Puebla para eliminar la privatización del servicio de agua potable, la cual fue turnada a las comisiones de Gobernación, Derechos Humanos y de Medio Ambiente para su análisis y resolución.
Espinosa Torres explicó que esta reforma al artículo 12 constitucional pretende prohibir expresamente que los ayuntamientos puedan concesionar el servicio de agua potable a empresas particulares, lo que automáticamente acabaría con el contrato que los gobiernos de Puebla capital y municipios de la zona metropolitana firmaron con la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla para Todos).
En su propuesta, el legislador del PT fijó un plazo de seis meses para que los diputados puedan analizar y discutir una nueva Ley de Aguas para el Estado de Puebla, que otorgue ese mismo tiempo a los ayuntamientos para la creación de un organismo que preste el servicio.
Por tratarse de una reforma constitucional, se requiere del voto de dos terceras partes de los diputados, por lo que Espinosa Torres confió en que por lo menos los diputados del PRI y del PVEM se sumen a esta propuesta ya que fue parte de sus promesas en la pasada campaña electoral.
“Es un reforma constitucional, es decir, vamos a ver hasta dónde los diputados de PRI, del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza le dan la espalda o no a los ciudadanos. Sí se requiere de las dos terceras partes, la iniciativa ya está presentada y yo confío en que a las tres comisiones a donde se envió este proyecto de ley se sesiones de manera inmediata y se discuta lo que se tiene que discutir”.
Finalmente, explicó que en caso de aprobarse esta reforma constitucional y una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, el contrato que tiene actualmente Concesiones Integrales con el gobierno estatal tendría que anularse para dar paso a una nueva Ley Estatal de Aguas y un nuevo organismo municipal que preste el servicio.
“Logrando la reforma constitucional se tiene que cumplir con la Constitución, es decir, el contrato que firmó el gobierno de Moreno Valle con esta empresa privada se tendría que disolver”.