La coordinadora del grupo legislativo del PRI, Rocío García Olmedo, presentó una reforma complementaria a la despenalización del aborto para que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, preste el servicio de interrupción legal del embarazo de forma segura y sin costo para las pacientes.
Se trata de varias reformas a la Ley Estatal de Salud, que busca dotar al servicio público de salud de las herramientas legales para poder practicar el aborto de forma segura y sin costo para los pacientes que lo solicitan, facultades que la ley vigente no contempla, ni siquiera bajo las cuatro excepciones que hoy en día se consideran legales para abortar.
Dentro de la reforma de ley, se permite a los médicos que, por creencias religiosas o personales no estén de acuerdo con estas prácticas, se puedan excusar de intervenir, a excepción de que esté en riesgo la salud de la paciente o el embarazo sea producto de una violación.
“El personal médico y/o de enfermería a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con el personal no objetor”.
La iniciativa incluye obligar a las instancias de salud pública estatal a impartir estrategias de prevención en materia de planificación familiar y anticoncepción, así como suministrar los medicamentos y preservativos como parte de una estrategia integral que incluye la prevención de embarazos no deseados.
En la misma sesión ordinaria, García Olmedo, junto con el diputado del Partido Verde, Juan Pablo Kuri Carballo, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal para incrementar las penas cuando se cometan lesiones dolosas por razones de género.
La propuesta es elevar hasta una tercera parte la sanción por lesiones dolosas si se demuestra que estas se cometieron por razón de género y se implementaron sustancias corrosivas, flamables o de naturaleza tóxica, por lo cual pasaría de 10 a 13 años con 4 meses la pena máxima en el Código Penal del Estado de Puebla.
Finalmente, en los transitorios se plantea que el gobierno del estado asigne los recursos necesarios para que la Secretaría de Salud pueda otorgar este servicio sin costo y seguro para las pacientes.
