En los primeros meses del 2022, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJP) someterá a consideración del Poder Ejecutivo y Legislativo su propuesta de Ley Estatal de Prevención, ya que Puebla es de las pocas entidades del país que carece de ella, anunció el presidente del organismo, Armando García Pedroche.
Durante la presentación del informe de actividades correspondientes al último año, destacó que en el último semestre de este 2021 se elaboró la propuesta de ley para avanzar en la prevención de delitos, a través de la articulación de organismos involucrados en la materia.
“Uno de los propósitos de la propuesta consiste en la definición de ejes rectores que permitan reorganizar y mejorar los mecanismos de colaboración entre distintas instancias del gobierno”, acotó.
Pedroche informó que el Consejo también pondrá en marcha la Red Ciudadana pro Víctimas del Delito (Recivid), que “agrupa a una red de organizaciones y organismos interesados en beneficiar, apoyar y cubrir las necesidades inmediatas de víctimas, coadyuvando así a un cuidado integral”.
Explicó que se ha detectado que las víctimas de delitos de alto impacto no siempre cuentan con los recursos para hacer frente a los procedimientos y al acercarse a las autoridades también encuentran insuficiencia.
Detalló que las principales necesidades de las víctimas tienden a ser atención física, médica, psicológica, alimentaria, educativa y de empleabilidad, de acuerdo con los registros del propio organismo.
García señaló que tan solo en el último año el CCSJ brindó acompañamiento judicial a 37 personas y en la mayoría de los casos los delitos fueron de alto impacto, principalmente intentos de feminicidio, ciberacoso, violación, violación a la intimidad sexual y violencia familiar.
“Hemos conseguido que se formalicen órdenes de aprehensión, detención, sentencias y la reparación del daño hacia una niña”, dijo al tiempo de indicar que en dicho periodo fueron apoyadas más de 150 víctimas.
Por último, informó que a través del Centro de Atención Telefónica el organismo recibió 2 mil 173 llamados para solicitar asesoría en materia penal, administrativa y familiar; mientras que se integraron 235 carpetas de investigación y se concretaron 20 acuerdos reparatorios.