El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que todavía hay corrupción en el tercer y cuarto nivel de la administración, esta se traduce en irregularidades durante la prestación de servicios, como los trámites en ventanilla.
Por lo anterior, el mandatario anunció que al inicio del 2020 se promoverá una Ley de Mejora Regulatoria para sintetizar los trámites, así como un proyecto en la materia que se implementará con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con ambas acciones, se buscará dar certeza a las inversiones y erradicar los actos de corrupción.
“Cuando les hablo de la corrupción de la tercera y cuarta fila les hablo de la corrupción en el trámite, de que el gobierno actual no ha podido cambiar la forma actual de cómo han estado funcionando en los gobiernos anteriores, la insensibilidad, la deshumanización, el burocratismo, eso que funcionó por décadas, no lo voy a permitir”, apuntó.
Durante la firma de convenio e instalación de la mesa de Mejora Regulatoria Empresarial, Miguel Barbosa aseguró que en el primer y segundo nivel de gobierno, es decir, secretarías y subsecretarías, no hay corrupción y eso es algo que revisa a diario con el seguimiento de los principales procesos de gobierno.
Al mismo tiempo, pidió a los empresarios que no caigan ni promuevan prácticas irregulares; si algún funcionario de gobierno intenta cometer irregularidades, los empresarios deben denunciarlo públicamente, para corregir la situación.
Por otra parte, el gobernador resaltó que el gobierno del estado avanza en la mejora regulatoria y ya se han digitalizado 7 millones de documentos, falta por digitalizar 14 millones de papeles. Además, se buscará incrementar el equipamiento de la administración, pues hacen falta al menos 10 mil computadoras en las dependencias de gobierno y se avanzará en la implementación de la ventanilla única.
Como parte de la firma de convenio e instalación de la mesa de Mejora Regulatoria Empresarial la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, informó que el objetivo es reducir los trámites en 90 por ciento y en consecuencia los costos de los mismos.