A partir del Proceso Electoral 2021 el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género será público como mecanismo para inhibir estos actos, aunque es probable que Puebla no alcance la publicación del listado para el próximo periodo electoral.
Rocío García Olmedo, diputada presidenta de la Comisión de Igual de Género en el Congreso local, señaló en entrevista que la puesta en marcha del registro es el inicio de un trayecto a favor de los derechos de las mujeres, pues será un recordatorio permanente para quienes cometan este tipo de violencia.
La legisladora del PRI comentó que la importancia de Registro Nacional de Sancionados es enorme debido a que los violentadores podrán ver negada su postulación a cargos de elección popular de acuerdo con la sentencia que reciban.
En ese sentido, explicó que debido a que el proceso electoral del próximo año en la entidad únicamente contempla candidaturas locales, es probable que el registro estatal no esté listo antes de las elecciones.
Por otra parte, apuntó que aun cuando en Puebla los sancionados pueden ser destituidos de su cargo de elección popular tras recibir una sentencia firme que dictamine su responsabilidad en actos de violencia política de género, no se pretende descalificar a nadie, pues las causales para comprobar dichos actos violatorios están debidamente enumeradas en la Ley.
El Instituto Nacional Electoral dio a conocer que las faltas cometidas por servidores públicos, aspirantes a candidaturas, partidos políticos, medios de comunicación y precandidatos estarán disponibles en el listado público como recordatorio que los actos de violencia política pueden ser castigados con la negativa del registro a cargos de elección popular.
De acuerdo con la gravedad en que el acto violatorio a los derechos político-electorales de las mujeres sea considerado, será el tiempo de permanencia en el registro, éstos van desde tres años hasta cinco años.
Asimismo, se tomará en cuenta la situación de vulnerabilidad de la persona a la que el infractor haya dañado, pues la permanencia en el registro público podría aumentar hasta una mitad si la víctima tiene una discapacidad, es indígena, pertenece al grupo de la diversidad sexual o es de la tercera edad.
Según los lineamientos del INE, en el registro no sólo se publicarán a los sancionados por actos cometidos en el ámbito electoral, sino también a quienes ejerzan violencia política por razón de género en materia penal respecto a las responsabilidades de los servidores públicos.
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