/ lunes 16 de agosto de 2021

Proponen 12 años de cárcel por robo de medicamentos en Puebla

En 2020 durante la pandemia, el robo de medicamentos se disparó 82.5%, lo que se traduce en un valor en el mercado negro de mil 500 millones de dólares

La diputada local Vianey García Romero presentó una iniciativa para imponer hasta 12 años de prisión, así como destituir e inhabilitar hasta por 10 años al servidor público o personal médico que robe medicamentos en Puebla.

Se trata de reformar la fracción XXV y agregar la fracción XXV bis al artículo 380 del Código Penal del Estado, para incrementar al doble las sanciones establecidas, pues la legisladora de Morena refirió que en 2020 durante la pandemia por Covid-19, el robo de medicamentos se disparó 82.5 por ciento, lo que se traduce en un valor en el mercado negro de mil 500 millones de dólares.

Un caso registrado en Puebla es el robo de medicinas e insumos para el tratamiento de la diabetes en la clínica 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Amalucan, donde se estimó la pérdida de un millón y medio de pesos.

García afirmó que en medio de la crisis sanitaria existen personas que sin ninguna culpa ni remordimiento privan a la ciudadanía de los medicamentos y utensilios que puedan salvar o mejorar su calidad de vida, poniéndolos a la venta en el mercado negro, lo que implica una nueva afectación al bolsillo de las personas.

Comentó que en 2020 el robo al sector farmacéutico, con 250 casos, representó el 5 por ciento del total del ilícito a nivel nacional, entre ellos se encuentra la sustracción de tanques de oxígeno, de ahí la importancia de sancionar este delito.

“Si el Ilícito es cometido por un servidor público o personal médico, aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, o los bienes, insumos y/o medicamentos pertenecen al sector público, además de las sanciones que correspondan, se ordenará la destitución y se inhabilitará hasta por diez años al responsable para desempeñar cualquier cargo en el sector público”, propone.

La iniciativa de decreto fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado para su estudio y resolución procedente. En caso de que se apruebe será discutida y votada en el Pleno del legislativo.

La diputada local Vianey García Romero presentó una iniciativa para imponer hasta 12 años de prisión, así como destituir e inhabilitar hasta por 10 años al servidor público o personal médico que robe medicamentos en Puebla.

Se trata de reformar la fracción XXV y agregar la fracción XXV bis al artículo 380 del Código Penal del Estado, para incrementar al doble las sanciones establecidas, pues la legisladora de Morena refirió que en 2020 durante la pandemia por Covid-19, el robo de medicamentos se disparó 82.5 por ciento, lo que se traduce en un valor en el mercado negro de mil 500 millones de dólares.

Un caso registrado en Puebla es el robo de medicinas e insumos para el tratamiento de la diabetes en la clínica 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Amalucan, donde se estimó la pérdida de un millón y medio de pesos.

García afirmó que en medio de la crisis sanitaria existen personas que sin ninguna culpa ni remordimiento privan a la ciudadanía de los medicamentos y utensilios que puedan salvar o mejorar su calidad de vida, poniéndolos a la venta en el mercado negro, lo que implica una nueva afectación al bolsillo de las personas.

Comentó que en 2020 el robo al sector farmacéutico, con 250 casos, representó el 5 por ciento del total del ilícito a nivel nacional, entre ellos se encuentra la sustracción de tanques de oxígeno, de ahí la importancia de sancionar este delito.

“Si el Ilícito es cometido por un servidor público o personal médico, aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, o los bienes, insumos y/o medicamentos pertenecen al sector público, además de las sanciones que correspondan, se ordenará la destitución y se inhabilitará hasta por diez años al responsable para desempeñar cualquier cargo en el sector público”, propone.

La iniciativa de decreto fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado para su estudio y resolución procedente. En caso de que se apruebe será discutida y votada en el Pleno del legislativo.

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