/ miércoles 26 de agosto de 2020

Proponen crear ley de protección a periodistas en Puebla

La iniciativa incluye el secreto profesional, la cláusula de conciencia y prohibición a la previa censura, entre otras

La diputada local de Morena, Bárbara Morán Añorve, propuso expedir la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de Puebla.

Se trata de una iniciativa para establecer que el Estado garantizará a toda persona periodista y colaboradora periodística la libertad de recibir y difundir información de interés público, veraz e imparcial; además que tendrá la libertad de buscar, investigar, sistematizar, difundir o publicar hechos, ideas u opiniones a través de cualquier medio de comunicación legal.

En caso de que la propuesta de la legisladora sea aprobada, la ley reconocerá como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad periodística: el secreto profesional, la cláusula de conciencia, prohibición a la previa censura, el acceso a las fuentes de información y la protección pública ante agresiones de terceros.

Respecto al secreto profesional, el artículo 11 de la norma que se propone, señala que este es el derecho de periodistas y colaboradores de mantener el secreto de la identidad de las fuentes que hayan facilitado información, con independencia de que esta se haya o no publicado. Este derecho podrá ser ejercido frente a terceros o la autoridad.

El artículo 12 menciona que las personas que por razones de relación profesional con el periodista tengan acceso al conocimiento de la fuente de información, serán protegidas en igualdad de circunstancias por este ordenamiento, como si se tratara de estos.

La diputada de Morena expuso que la Constitución federal contiene derechos sobre la libre manifestación de ideas y la prohibición de que sea objeto de inquisición judicial o administrativa, que por otra parte el derecho a la información sea salvaguardado por el Estado, y que no se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia.

Además, que ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los tutores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta, y que los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier tema sean con respeto a la vida privada, la moral y la paz pública.

ANTECEDENTES

En julio, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, anunció la instalación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que investigará agresiones contra el gremio periodístico, sin embargo se desconoce si ya está en operaciones.

En abril, los diputados Nora Merino y Gabriel Biestro, de Encuentro Social y Morena, respectivamente, presentaron una iniciativa (que no ha sido aprobada), para imponer hasta 12 años de cárcel por difundir noticias falsas en medios de comunicación o plataformas digitales que generen temor o confusión en la población y que provoquen descredito o contradicción con las acciones implementadas por el Estado durante una contingencia.

Las organizaciones Artículo 19, Red Nacional de Periodistas, Red Puebla de Periodistas, CIMAC y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) rechazaron la propuesta y solicitaron no aprobarla.

La diputada local de Morena, Bárbara Morán Añorve, propuso expedir la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de Puebla.

Se trata de una iniciativa para establecer que el Estado garantizará a toda persona periodista y colaboradora periodística la libertad de recibir y difundir información de interés público, veraz e imparcial; además que tendrá la libertad de buscar, investigar, sistematizar, difundir o publicar hechos, ideas u opiniones a través de cualquier medio de comunicación legal.

En caso de que la propuesta de la legisladora sea aprobada, la ley reconocerá como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad periodística: el secreto profesional, la cláusula de conciencia, prohibición a la previa censura, el acceso a las fuentes de información y la protección pública ante agresiones de terceros.

Respecto al secreto profesional, el artículo 11 de la norma que se propone, señala que este es el derecho de periodistas y colaboradores de mantener el secreto de la identidad de las fuentes que hayan facilitado información, con independencia de que esta se haya o no publicado. Este derecho podrá ser ejercido frente a terceros o la autoridad.

El artículo 12 menciona que las personas que por razones de relación profesional con el periodista tengan acceso al conocimiento de la fuente de información, serán protegidas en igualdad de circunstancias por este ordenamiento, como si se tratara de estos.

La diputada de Morena expuso que la Constitución federal contiene derechos sobre la libre manifestación de ideas y la prohibición de que sea objeto de inquisición judicial o administrativa, que por otra parte el derecho a la información sea salvaguardado por el Estado, y que no se viole la libertad de escribir y publicar sobre cualquier materia.

Además, que ninguna ley ni autoridad establezcan censura, ni exijan fianza a los tutores o impresores, ni coarten la libertad de imprenta, y que los límites a la libertad de escribir y publicar sobre cualquier tema sean con respeto a la vida privada, la moral y la paz pública.

ANTECEDENTES

En julio, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, anunció la instalación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que investigará agresiones contra el gremio periodístico, sin embargo se desconoce si ya está en operaciones.

En abril, los diputados Nora Merino y Gabriel Biestro, de Encuentro Social y Morena, respectivamente, presentaron una iniciativa (que no ha sido aprobada), para imponer hasta 12 años de cárcel por difundir noticias falsas en medios de comunicación o plataformas digitales que generen temor o confusión en la población y que provoquen descredito o contradicción con las acciones implementadas por el Estado durante una contingencia.

Las organizaciones Artículo 19, Red Nacional de Periodistas, Red Puebla de Periodistas, CIMAC y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) rechazaron la propuesta y solicitaron no aprobarla.

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