Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado plantea sancionar al gobernador, secretarios, presidentes municipales o cualquier servidor público municipal o estatal que mienta al comparecer o presentar informes de trabajo ante el Poder Legislativo.
Se trata de una iniciativa de adición a la Constitución Política del Estado de Puebla que impulsa el diputado sin partido y expanista, Marcelo García Almaguer, misma que ya se encuentra en estudio de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
García plantea tipificar el delito de perjurio para sancionar “la mentira” en la sede parlamentaria, además de que las penas establecidas en el Código Penal del Estado de hasta 15 años de prisión e inhabilitación por tres años, también apliquen para los servidores públicos que comparezcan ante el Congreso y no digan la verdad.
Pretende modificar el artículo 53 de la Constitución para que el Congreso realice el análisis del informe y pueda solicitar al gobernador del estado ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los titulares de dependencias, entidades y organismos, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.
Busca dotar de facultades al Legislativo para que pueda llamar a comparecer a cualquier servidor público estatal y municipal, convocatorias que tendrán carácter vinculante. Quienes comparezcan podrán abstenerse de realizar declaración alguna, sin embargo, si pronuncia algún elemento ajeno deberá responder cabalmente los cuestionamientos.
El diputado sin partido político plantea establecer que la ley sancionará el perjurio en comparecencias parlamentarias, y que de aprobarse la iniciativa, el Congreso realizará modificaciones a su Ley Orgánica para cumplir con el decreto, además de reformar el Código Penal para tipificar el perjurio realizado en procedimientos parlamentarios.
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Actualmente el artículo 53 constitucional señala que el gobernador asistirá dentro de los primeros 15 días de diciembre del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública estatal, informe que será contestado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso.
En el año que concluya su gobierno lo podrá presentar dentro de los últimos 15 días de noviembre de ese año.
