/ miércoles 28 de agosto de 2019

Proponen prisión para funcionarios que retrasen juicios de feminicidio

Además solicitan incrementar la pena para asesinados de menores de edad, adultas mayores o con discapacidad

La diputada Mónica Lara Chávez presentó un punto de acuerdo para que se reforme el Código Penal y se sancione con 3 a 8 años de prisión a servidores públicos que retrasen el ejercicio de la Ley para juzgar el delito de feminicidio, además que se incremente la pena si la víctima es menor de edad, adulta mayor o si tiene algún tipo de discapacidad, ya que sólo se tomaba en cuenta si estaba embarazada.

Lo anterior lo dio a conocer durante la Sesión Permanente, en donde explicó que, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente la tipificación de un feminicidio, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días de multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Agregó que el estado de Puebla lleva un avance del 65 por ciento en las 45 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para cumplir con la Alerta de Violencia de Género. Sin embargo, hasta ahora, más de 70 mujeres han sido asesinadas, aunque las autoridades, solo han catalogados como feminicidio a 24.

Desde su óptica, deben existir este tipo de iniciativas, ya que la violencia contra las mujeres sigue en aumento, incluso 64 de cada 100 mujeres de 15 y más años, han padecido al menos un acto de violencia de cualquier tipo ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral.

La iniciativa tiene como objetivo reformar la fracción VII del artículo 338, el artículo 338 quáter y se adicionará al artículo 338 sexies al código penal.

En la misma sesión, la diputada Tonantzin Fernández presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de proteger y garantizar la libertad de expresión a periodistas y activistas de la entidad.

Además, aprobaron por unanimidad la solicitud de la diputada Yadira Lira Navarro para obtener una licencia para separarse del cargo de manera indefinida a partir del 28 de agosto y llamar a su suplente para la toma de protesta correspondiente.


La diputada Mónica Lara Chávez presentó un punto de acuerdo para que se reforme el Código Penal y se sancione con 3 a 8 años de prisión a servidores públicos que retrasen el ejercicio de la Ley para juzgar el delito de feminicidio, además que se incremente la pena si la víctima es menor de edad, adulta mayor o si tiene algún tipo de discapacidad, ya que sólo se tomaba en cuenta si estaba embarazada.

Lo anterior lo dio a conocer durante la Sesión Permanente, en donde explicó que, al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente la tipificación de un feminicidio, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días de multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Agregó que el estado de Puebla lleva un avance del 65 por ciento en las 45 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para cumplir con la Alerta de Violencia de Género. Sin embargo, hasta ahora, más de 70 mujeres han sido asesinadas, aunque las autoridades, solo han catalogados como feminicidio a 24.

Desde su óptica, deben existir este tipo de iniciativas, ya que la violencia contra las mujeres sigue en aumento, incluso 64 de cada 100 mujeres de 15 y más años, han padecido al menos un acto de violencia de cualquier tipo ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral.

La iniciativa tiene como objetivo reformar la fracción VII del artículo 338, el artículo 338 quáter y se adicionará al artículo 338 sexies al código penal.

En la misma sesión, la diputada Tonantzin Fernández presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de proteger y garantizar la libertad de expresión a periodistas y activistas de la entidad.

Además, aprobaron por unanimidad la solicitud de la diputada Yadira Lira Navarro para obtener una licencia para separarse del cargo de manera indefinida a partir del 28 de agosto y llamar a su suplente para la toma de protesta correspondiente.


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