Una distribución inequitativa de los recursos federales ha hecho que Puebla sea uno de los estados con menor inversión en obra pública realizada en 2020, el año de la pandemia.
Puebla se ubica como una de las entidades con mayor rezago en inversión pública realizada en obras durante el 2020 junto con los estados de Colima, Morelos, Zacatecas y Baja California debido a que todas ellas destinaron menos del 1 por ciento de su presupuesto total a este rubro, en contraste con territorios como el Estado de México, que canalizó más del 7 por ciento en este tipo de proyectos, según se desprende del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2021 publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El documento titulado “Hablemos de Inversión Pública en los Estados (2015-2020)” hace un análisis con datos históricos de la inversión pública realizada por los 32 poderes ejecutivos estatales y sostiene que, de los 95 mil millones de pesos que el gobierno de Puebla ejerció durante el 2020, el año de la pandemia por coronavirus, únicamente 460 millones de destinaron para obras físicas o de infraestructura.
Lo anterior, establece el estudio del IMCO, es consecuencia de una distribución inequitativa de recursos por parte del gobierno federal hacia los estados y de que los gobiernos estatales destinan la mayoría de sus recursos para pago de deuda, salarios y prestaciones.
En el caso de Puebla, aunado a la baja inversión del gobierno federal en la entidad, el análisis establece que se disminuyó el presupuesto para este tipo de proyectos hasta 72 por ciento en relación a lo ejercido durante el año 2019.
El estudio del IMCO establece que la inversión pública son los recursos ejercidos con fines productivos para proveer infraestructura, salud, educación, bienes y servicios, así como la mejora de la seguridad, la conectividad, el comercio y el bienestar general de la población.
En los comparativos de estudio se explica que el gobierno federal ha mantenido un “estancamiento” en las inversiones de obra pública en los estados y que se ha beneficiado mayoritariamente a las entidades con mayor población y actividad petrolera.
En el 2020 el gobierno federal canalizó a cuatro entidades (Ciudad de México, Estado de México, Campeche y Tabasco) el 73.2 por ciento de su inversión total en este rubro, con 331 mil 313 millones de pesos, y el 26.8 por ciento restante, 128 mil 648 millones de pesos, se distribuyó entre las veintiocho entidades federativas restantes.
Así, según los datos del IMCO, los 32 poderes ejecutivos estatales ejercieron durante el 2020 un gasto neto total de 2.3 billones de pesos, de los cuales 3.9 por ciento se destinaron a obra pública, esto es, 89 mil 386 millones de pesos.
La lista de los estados que ejercieron mayores recursos la encabeza el Estado de México con 23 mil 142 millones de pesos; le siguen la Ciudad de México, con 16 mil 617 millones; Jalisco, con 8 mil 569 millones; Oaxaca, con 3 mil 498 millones, y Tamaulipas, con 3 mil 442 millones.
En contraste, Puebla aparece en la lista de los que menos recursos aplicaron, con 460 millones de pesos. Detrás del estado aparecen Colima, con 406; Zacatecas, con 390; Morelos, con 379, y Baja California Sur, con 224 millones de pesos.
RECOMIENDAN UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA
El estudio del IMCO divide en cuatro grupos a los 32 estados del país a fin de ilustrar cuántos recursos canalizan el gobierno federal y los estatales a este rubro por habitante en cada entidad.
El primer grupo lo integran las entidades que destinaron más de mil 500 pesos por habitante para inversión pública y destacan en la tabla Campeche, con mil 900 pesos, y la Ciudad de México, con mil 804 pesos.
El cuarto grupo, integrado por las entidades que invirtieron menos de 500 pesos por habitante en este rubro, es encabezado por Yucatán, con 448 pesos. Aquí Puebla ocupa el último lugar con una inversión per cápita de 70 pesos.
En sus conclusiones, el estudio del IMCO propone que la inversión del gobierno federal no solo priorice la extracción de hidrocarburos y que se diversifique en proyectos de manufactura e infraestructura en las ciudades.
Recomienda que se restituya el Fondo Metropolitano, se tripliquen los recursos públicos al Programa de Mejoramiento Urbano en el que participen tanto los gobiernos estatales y municipales y que se revise la distribución de los recursos en inversión pública a fin de garantizar a las 32 entidades el acceso equitativo a infraestructura de calidad y no solo a cuatro estados, como sucede en la actualidad.
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