A pesar de que la Constitución señala la vivienda “digna y decorosa” como un derecho humano fundamental de los mexicanos, Puebla está lejos de alcanzar los requerimientos descritos tanto por la Carta Magna como por la Declaratoria Universal de Derechos Humanos.
Pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado se mantiene en los últimos lugares respecto a la construcción de los hogares, las condiciones de entrega de servicios y a la seguridad jurídica.
Los términos que marca la máxima Ley en México son: cumplir con las disposiciones jurídicas en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, espacios habitables y auxiliares, servicios básicos, seguridad jurídica en propiedad o posesión y en la prevención de desastres.
En Puebla 39.4 por ciento de los hogares encuestados por el Inegi mencionaron que no sienten confianza en el entorno de su vivienda, este dato ubicó al estado con los niveles más bajos a nivel nacional y vulneró el derecho a la seguridad jurídica.
Además, la entidad ocupó el segundo lugar más bajo a nivel nacional respecto a la percepción de inseguridad dentro de sus hogares, pues 31.6 por ciento de los entrevistados por el instituto señalaron desconfianza en la construcción de sus viviendas, de forma que también se rompe con el requisito constitucional en cuanto a la prevención de desastres.
Por otra parte, de acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) Puebla ocupó el noveno estado del país con más carencias en la vivienda.
El Coneval identificó que, además de no tener los servicios básicos, en 21 por ciento de los hogares usan leña o carbón para cocinar, en 19 por ciento de las viviendas registradas usan techos de materiales de desechos y 1.8 no tienen baños, así que las condiciones de servicios básicos y de salubridad también han sido un obstáculo para alcanzar la “vivienda digna y decorosa” que marca la Constitución.
Los rezagos identificados en el informe del año pasado del Coneval también precisan que en las poblaciones indígenas la cobertura de servicios básicos y complementarios “revelan un amplio rezago en vivienda”.
