Aunque el estado de Puebla está dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo ubicó con una baja calificación en atender el delito de trata de personas, ya que no cuenta con transmisión de información, y un modelo que explique su programa. Incluso la ASF, calificó al estado como omiso en cumplir con sus informes, lo que denota “una falta de interés por parte de los servidores públicos en atender a las víctimas sobre las violaciones a sus derechos humanos”.
El Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, indicó que el Gobierno de Puebla demostró junto con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) interés en disponer de los mecanismos necesarios para hacer frente al delito de trata de personas. Sin embargo, la auditoría reveló que ninguna de las 32 entidades federativas dispuso de un fondo financiero, y de un modelo integral de atención a víctimas, lo que significó que el Estado Mexicano ha sido laxo en coordinar con los gobiernos estatales, la implementación de la política de combate a la trata de personas.
La comisión, cuenta con una “semaforización de la política de combate a la trata de personas” y Puebla sólo cumple con 6 a 5 mecanismos, es decir, que está en un nivel bajo. Lo anterior se lamentó en el informe, ya que el estado está dentro de las entidades que dispone de una ley local en materia de trata de personas armonizada a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
De 2017 a 2018, la Comisión recibió un total de 77 registros sobre la atención de las víctimas, de los cuales el 28.6 por ciento correspondió al 2017 y el 71.4 por ciento al 2018; empero esta información sólo fue de 9 de las 22 entidades que se comprometieron con dicha comisión.
Asimismo, se observó que el 59.1 por ciento de las 22 entidades federativas no cumplieron con transmitir información relativa a la atención de víctimas, aun cuando se comprometieron en proporcionar los datos necesarios, como fue el caso de Puebla que firmó el acuerdo el año pasado.
A nivel nacional, la ASF detalló que la Secretaría de Gobernación no ejerció el fondo federal previsto para la atención de víctimas de trata, y en las entidades federativas, los gobiernos locales no dispusieron de recursos para dichos fines y se desconoce en qué lo ejercieron.
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