Puebla se encuentra en el tercer lugar de los 32 estados del país con la peor puntuación en Justicia Penal y Derechos Fundamentales, que son dos de los ocho indicadores que se miden en el Índice de Estado de Derecho en México 2018, elaborado por el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial o WJP por sus siglas en inglés).
Solo Guerrero y Veracruz superaron a la entidad en los mencionados indicadores.
Este estudio, consistente en la aplicación de encuestas a la población, a especialistas en derecho civil, penal y laboral, así como en administración y salud pública, también ubica a la entidad número 29 dentro del apartado de Justicia Civil. Los cuestionarios se desarrollaron durante los tres últimos meses de 2017 y los primeros cuatros de este año.
Según el proyecto de la mencionada organización internacional, el indicador de justicia penal evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, es decir, mide si la policía y el Ministerio Público investigan los delitos de manera eficaz, si los sistemas de procuración e impartición de justicia son expeditos y eficaces y si los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente.
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“Un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto esencial del Estado de Derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios. Un sistema penal de calidad debe respetar los derechos de las víctimas y de las personas acusadas. De ahí que una evaluación integral de la justicia penal debe contemplar el accionar de todos los participantes del sistema, incluyendo la policía, los defensores, los asesores jurídicos de las víctimas, los fiscales, los jueces y las autoridades encargadas del sistema penitenciario”.
La posición de ocupa Puebla en esta materia coincide con la demanda presupuestal hecha en reiteradas ocasiones por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano (quien ocupó el cargo hasta mediados de enero de este año), en el sentido de que se necesitaban más recursos para la impartición de justicia en Puebla a fin de contratar más jueces que permitan el desahogo de los asuntos y sentencias.
En cuanto al indicador de Derechos Fundamentales, este mide la protección efectiva de los derechos humanos, reconociendo que un sistema de gobernanza en el que no se garantizan los derechos fundamentales establecidos por el derecho internacional no puede ser un Estado de Derecho.
Entre los derechos incluidos en este factor se encuentran el derecho a no ser discriminado, el derecho a la vida y la seguridad, el derecho al debido proceso legal, la libertad de expresión, la libertad religiosa y de culto, el derecho a la privacidad, la libertad de asamblea y asociación y los derechos laborales.
El antepenúltimo lugar en el que el WJP ubica a Puebla a nivel nacional encaja con las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Puebla. El 3 de mayo del año pasado la Sedena implementó un operativo en contra del robo de hidrocarburo en Palmarito Tochapan, junta auxiliar de Quecholac, en donde elementos castrenses mataron a dos presuntos delincuentes.
Sobre el indicador de Justicia Civil, mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil.
Por su parte, en el Índice de Estado de Derecho en México 2018 los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la mayor adherencia al Estado de Derecho. La ubicación general en la que se encuentra Puebla en este estudio es la 28, con .36 puntos.
Sobre los indicadores de Justicia Penal, Derechos Fundamentales y Justicia Civil, la entidad alcanza las siguientes puntuaciones: .31, .44 y .32.
