“Que no sean anuncios, que se haga”, fueron las palabras con las que el gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que la propuesta del alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, de colocar distintivos en las prendas de los motociclistas, como forma de inhibir la delincuencia, podría ser violatoria de derechos humanos. A la par, el presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes, dijo que valorará el planteamiento, pues advirtió que no impulsará una iniciativa inconstitucional.
“La autoridad municipal vial puede imponer las reglas en su reglamento y puede aplicarlas, adelante, que no sean anuncios, que se haga y proponga todo una serie de medidas para que el ayuntamiento las asuma”, consignó el mandatario poblano en conferencia de prensa.
Esto ocurrió tan sólo un día después a lo ocurrido la mañana del 28 de junio, cuando al menos dos personas dispararon contra un hombre que se encontraba acompañando a su hijo en la fila de vacunación contra Covid-19, y en el cual una motocicleta fue utilizada como vehículo de escape.
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Bajo ese contexto, apuntó que la medida propuesta por el munícipe para implementar chalecos, cascos u otras medidas de identificación obligatorias para los usuarios de motocicletas, debe ser un planteamiento hecho por el edil y su Cabildo.
Inclusive, recalcó que su postura, respecto a que la propuesta pudiera ser violatoria de derechos humanos sigue vigente, pues fue así como lo declaró el pasado 9 de junio. En esa misma ocasión, apuntó que dicha medida de colocar distintos en motociclistas, fue algo que surgió en Colombia, sin embargo, recalcó que Puebla está en la misma posición que ese país sudamericano.
“No exageremos (...) ¿Qué problema le vemos así aunque se vea que es un asunto de formalidad? Violacion a derechos humanos. Cuidado con eso (...) Puebla no es Colombia ni México es Colombia, por favor (...) no hagamos de ese tipo de escenarios que se viven, una estrategia mediática, seamos más responsables”, resaltó en conferencia de prensa.
CONGRESO AÚN NO AVALA LA PROPUESTA
Por su parte, Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, reveló en entrevista con El Sol de Puebla que la medida de la que habló Rivera Pérez sigue sin ser evaluada todavía.
“No tengo el conocimiento estricto de en qué se basa y qué tipo de distintivos tengan que ser (para los motociclistas), sin embargo, habrá que canalizarlo. Si es algo que sirva y que ayude, pues se valorará, pero si es algo que no lo es, pues entonces no estaremos de acuerdo en ese tema”, abundó.
En ese tenor, hizo hincapié en que las propuestas que busquen aminorar la criminalidad en la entidad, en este caso en la capital poblana, deben priorizar la prevención y no la reacción.
“Las autoridades municipales (...) son el primer contacto con la ciudadanía, por medio de sus cuerpos de tránsito. [Por ello, deben] generar temas de prevención, no de sanción a diestra y siniestra con un tema recaudatorio”, sostuvo.
También, el legislador coincidió con el gobernador Barbosa Huerta acerca de que la autoridad municipal, no sólo tiene la autonomía de intervenir sus propios estatutos para implementar mecanismos de control, sino que también tiene la obligación de hacerlo.
“Es muy importante que todos los alcaldes del estado implementen los operativos de revisión de todas las motocicletas (...) Es su obligación (...) hacerlo ya, ellos tienen un bando de policía y (...) entra en el reglamento de tránsito, entonces que lo apliquen”, enfatizó.
Ante ese contexto, el diputado admitió que el Legislativo sí trabajará en una propuesta para atender esta problemática, sin embargo, insistió en que la misma deberá ser estudiada, pues dijo que la medida debe evitar caer en una inconstitucionalidad, o bien, en atentar contra los derechos humanos de quienes se trasladan en motocicleta.
“Tenemos que hacer los análisis necesarios para poder respetar el libre tránsito, el derecho de todos los que utilicen estos vehículos, pero sí tiene que tener una norma muy específica y muy especial para que, en su momento, puedan tener certeza de que quien lo ocupa lo ocupa como un medio legal de trabajo y de movilidad”, apuntó.
Por su parte, la diputada Erika Patricia Valencia Ávila, del Partido Acción Nacional (PAN), reveló en entrevista con esta casa editorial que, la Comisión de Transportes y Movilidad –de la cual ella es vocal–, no descarta todavía la propuesta pues dijo que existe voluntad para regular todos los transportes que circulan en la entidad.
NO SE VA A NORMALIZAR LA VIOLENCIA: BARBOSA
Respecto a la violencia desatada en las inmediaciones del Centro de Salud Francisco I. Madero, el gobernador Barbosa Huerta señaló que se trató de hechos que no se pueden admitir y dijo que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública reforzar la presencia policiaca en las sedes de vacunación contra la Covid-19.
Agregó que fueron dos personas en motocicleta las responsables de abrir fuego contra una persona en específico, sin embargo, como producto de ese ataque hubo otras personas que resultaron lesionadas, incluidos los dos menores de edad.
Barbosa señaló que los agresores actuaron “como lo hacen los sicarios de eventos de ciudades y de otros lugares”, incluso refirió que este tipo de hechos se observaban en entidades como Campeche, durante el gobierno pasado.
Finalmente, reiteró que en la entidad no se van a tolerar este tipo de actos “porque en Puebla no admitimos que la violencia se normalice, combatimos al crimen, combatimos los hechos delictivos esclarecemos la hechos y fincamos las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”.
PRESIDENTES MUNICIPALES DEBEN ASUMIR RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD
Los presidentes municipales deben asumir su responsabilidad y no ser omisos frente al incremento de la inseguridad para esperar que sea el gobierno de Puebla quien resuelva la problemática, señaló la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva Ruíz, tras los hechos violentos registrados afuera del centro de vacunación contra Covid-19 instalado en la colonia Francisco I Madero.
Enfatizó que la autoridad municipal debe dejar de pensar solo en ejecutar obra pública y tiene que priorizar la seguridad de los ciudadanos, por lo que está obligada a reorientar sus recursos para la adquisición de patrullas y dotar de armamentos a sus policías.
“En los ayuntamientos se invierta, pero que de verdad se invierta en mayor seguridad y que se olviden de las obras para meterse directamente a enfocarse en la seguridad de los ciudadanos (…) Pero cierto es que la policía de proximidad debe hacer lo suyo, debe estar certificada y la invitación es a que todos los municipios se den cuenta cuántos policías tienen certificados”, asentó.
Silva Ruiz expresó el clima de inseguridad es preocupante, sin embargo, opinó que las autoridades municipales son las primeras que deben responder ante un hecho delictivo y no buscar deslindarse.
