Tras el inicio de operaciones de los parquímetros en el municipio de Puebla, el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta, mencionó que, desde el gobierno estatal, esperan que esta nueva estrategia de gestión del espacio urbano sea exitosa.
“La política pública de los parquímetros es una decisión del gobierno municipal, está en el ámbito de su competencia. No somos nosotros, hablo desde el gobierno del estado, los que vamos a verificar su funcionamiento. Yo deseo éxito en esta nueva definición que hizo el gobierno [municipal]”, apuntó el mandatario en conferencia de prensa el 3 de junio.
Opinó que espera que las utilidades obtenidas a raíz de este servicio, se traduzcan en mejoras del espacio público: “Que sirva para mejorar la vialidad, que sirva para ordenar todos los lugares donde se van instalar y que no haya abusos, es lo que esperamos todos”.
FISCALÍA, ABIERTA A DAR INFORMACIÓN A ONU SOBRE COYOMEAPAN
La autoridad ministerial poblana mantiene el ofrecimiento a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), para entregar toda la información referente al caso Coyomeapan, reiteró Barbosa Huerta.
“La intervención de [la ONU] (...) ya no es nueva, se ha estado colaborando con ellos desde la Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobierno del estado cumple lo que ofrecimos: entregar toda la información, es nuestra obligación”, apuntó.
Así, Barbosa Huerta hizo referencia al reciente pronunciamiento que dicho organismo internacional realizó para pedir la agilidad de las investigaciones, en torno al asesinato de las tres personas en Zoquitlán, en mayo pasado.
En el rotativo, compartido el 1 de junio, la ONU lamentó que los hechos violentos fueron perpetrados por integrantes de la policía estatal, contra pobladores del municipio de Coyomeapan.
“Preocupa a la ONU-DH el uso excesivo de la fuerza por integrantes de la policía estatal. Este tipo de acciones no corresponde a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal”, se resolvió en el documento.
Ante esa realidad, el titular del Ejecutivo acotó que el Estado poblano mantiene su obligación de entregar los datos solicitados y “colaborar con todo lo que esté de nuestra parte para el esclarecimiento de los hechos”.