El Congreso del Estado recibió las iniciativas del gobernador Luis Miguel Barbosa para prohibir la colocación de propaganda electoral en el transporte público, y el decreto para abrogar la permuta de 42 hectáreas del parque Flor del Bosque que fueron entregadas a un empresario inmobiliario.
En sesión ordinaria, los diputados recibieron la propuesta del mandatario para reformar la fracción IV y adicionar la fracción IV bis, del artículo 232 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el fin de prohibir la propaganda de partidos políticos y candidatos en el transporte público, libros, portadas de revista, anuncios de periódicos, espectaculares y bardas.
La iniciativa propone que la publicidad electoral no podrá colgarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano incluyendo si en este se encuentran mamparas, bastidores o cualquier accesorio que se le cuelgue o fije; tampoco podrá obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse.
No podrá colocarse en portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios y cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elemento que induzcan a la persona a saber que se trata de un candidato o político, en taxis, autobuses, microbuses, camionetas de pasajeros y todo vehículo del servicio público de transporte de pasajeros.
El proyecto fue turnado a Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Transportes y Movilidad, y Asuntos Municipales, para dictaminar la iniciativa, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para que emita una opinión.
PROPONE ABROGAR PERMUTA DE FLOR DEL BOSQUE
Barbosa plantea desincorporar “del dominio público del estado la superficie que forma parte del parque ubicado en el municipio de Amozoc, por lo que el aprovechamiento de reservas, destinos y usos del predio deja de ser de utilidad pública en beneficio de la sociedad, para ser sometida su enajenación a la autorización del Congreso del Estado, mediante un contrato de permuta”.
El proyecto fue turnado a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su estudio y resolución.