En Puebla se documentaron 11 casos desde el 2014 de despojo del territorio por proyectos extractivos y de infraestructura para favorecer a empresas multinacionales, además del asesinato de defensores de los derechos humamos de los pueblos indígenas, de acuerdo con el Informe de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) presentado en la Universidad Iberoamericana (Ibero).
El reporte, comentó Rosario Arrambide, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero, forma parte de las acciones colectivas que se llevarán a cabo en lo sucesivo en defensa del derecho a la tierra y el agua.
Los casos expuestos son el asesinato de Antonio Esteban Cruz frente al proyecto hidroeléctrico Cuamono en Cuetzalan, agresiones a los defensores y comunidades en Atzala por el sistema hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, la criminalización de activistas indígenas por la línea de alta tensión de Cuetzalan entronque con Teziutlán, el intento de privatización del agua de Ocotepec por la empresa Living Water y la criminalización y asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, defensor de los derechos indígenas y opositor de proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla.
Violeta Valdés Alcántara, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C., comentó que a pesar de que el informe ha documentado casos de 2014 a 2018, existen otros relacionados con la defensa del territorio, como la desaparición del activista Sergio Rivera, además de tres asesinatos antes de 2014 y por otro tipo de defensa como el de Meztli Sarabia.
Sobre el homicidio de Gaspar informó que este jueves la Fiscalía de Puebla ofreció una conferencia de prensa para revelar que fue detenido el responsable de los hechos, y declaró que los motivos fueron personales, sin embargo, Valdés criticó que se desechara “de facto” la línea de investigación por su labor en defensa de las comunidades indígenas de su territorio por un proyecto promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los demás casos documentados son las afectaciones por el aumento de tarifas de agua en Atlixco, el proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, el proyecto minero de Ixtacamaxtitlán, la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan y sus afectos ambientales, así como el Libramiento Note Puebla-Tlaxcala.
