Luego de que Selina Haidé Avante Juárez, Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Quintana Roo, otorgó un amparo a José Kamel Nacif Borge, liberándolo de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, la organización Artículo 19 confirmó que Selina Avante fue removida de su cargo.
A través de la red social Twitter, la organización internacional de derechos humanos, informó que la magistrada previamente mencionada, ya no desempeña sus funciones en el Tercer Tribunal Colegiado en el estado ubicado en el Sureste de la República. Al tiempo que reiteró la exigencia de garantías de imparcialidad judicial en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para la agraviada, María Lydia Cacho Ribeiro.
Mientras que, el portal de noticias Sin Embargo, publicó este martes que la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) notificó que removió a Selina Haidé del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz.
De acuerdo con el oficio presentado en dicho medio, fechado el 2 de septiembre y firmado por Luis Francisco Trejo Sánchez, Secretario Ejecutivo de Adscripción, detalló que la decisión fue aprobada por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal durante la sesión ordinaria celebrada el 1 de septiembre de 2021.
Asimismo, se argumentó que Avante Juárez podría ser investigada por permitir la liberación de Nacif Borge, esto con base a lo dispuesto en el Acuerdo General del pleno CJF, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, así como el Acuerdo del pleno del Consejo, por el que se estableció la política de adscripciones de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito, en la parte relativa al correcto desarrollo de investigaciones.
Fue el 27 de julio de este 2021 cuando un tribunal mexicano concedió un amparo contra la captura del empresario; y dos días después de este acontecimiento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador encargó que el caso fuera revisado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
