Aunque los senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el senador poblano, Alejandro Armenta Mier, aclaró que estas modificaciones no pretenden revertir la reforma constitucional que permite al Fiscal General del Estado, Víctor Carrancá Bourguet, imponer a un sustituto ante su salida, pues señaló que esto corresponderá a la próxima legislatura en el Congreso del Estado.
“Son dos cosas la Ley Orgánica de la Fiscalía en el ámbito federal y lo que sucedió en el Congreso de Puebla, son dos cosas diferentes. Lo que le propuse a Santiago Nieto y a Zoé Robledo es que se den consideraciones en la Ley Orgánica para la coordinación de la procuración de justicia en la Fiscalía federal con la estatal, sin embargo, se tiene que hacer una reforma constitucional, esta por ahora no se va a hacer, crear la Ley Orgánica de la Fiscalía federal es una disposición secundaria, es una ley secundaria”, explicó en rueda de prensa.
Aunque reconoció que la reforma aprobada por la legislatura saliente en el Congreso de Puebla es legal, consideró que no es “ético” y representa un daño jurídico a los poblanos.
“Lo que hoy están haciendo los diputados locales en Puebla es legal, pero no es ético. La nueva legislatura podrá tomar disposición para resarcir el daño jurídico que le están haciendo a los poblanos con estas aprobaciones al vapor, es un daño jurídico a los derechos humanos de los poblanos”.
Por ello, también consideró necesario impulsar una reforma constitucional a nivel federal para garantizar coordinación entre la Fiscalía General Federal y las Fiscalías estatales, con la finalidad de que estos organismos no estén sujetos al capricho del gobierno estatal.
Finalmente, informó que también presentó una iniciativa para evitar que los 20 Congresos locales del país en donde hubo elección de diputados locales generen reformas a la ley de último momento con fines políticos y no para privilegiar los intereses de la ciudadanía.
“Presenté un punto de acuerdo porque en 20 estados de la república, dado que están concluyendo las legislaturas incluyendo Puebla, los legisladores están aprobando reformas constitucionales en contrasentido de los derechos humanos de los habitantes de las entidades, están dándole facilidades a los fiscales, a los auditores, están privatizando el agua, quitando facultades a los congresos”.
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