Tras una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Educación del estado de Puebla por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que se trata de artículos relacionados con la participación de las comunidades indígenas, por lo que descartó que se trate sobre las universidades privadas.
“Se refiere a algunos artículos que tiene que ver con participación de comunidades indígenas, que se revise y que la Corte se pronuncie sobre ese asunto, no crean que tiene que ver sobre los temas de universidades privadas”, destacó.
Durante conferencia de prensa el ejecutivo estatal señaló que no tiene inconveniente con la revisión de la Ley de Educación, pues están en su derecho, “la CNDH interpuso esa acción de inconstitucionalidad sobre temas indígenas, no sobre los otros temas privados” mencionó el mandatario.
Asimismo, aseguró que defenderán dicha Ley, ya que consideran que no se está violando ningún derecho humano, sin embargo, cuando la Corte se pronuncie, se acatará la resolutiva que se dicte.
Cabe recordar que fue el pasado 14 de agosto cuando la CNDH impugnó la Ley de Educación por considerar que violentan los derechos humanos en los capítulos VI y VIII de la norma, denominados “de la Educación Indígena” y “de la Educación Inclusiva.
En las cuales se establece la obligación del estado de garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.
Mientras que en la Norma VIII se hace referencia al aprendizaje de las personas con discapacidad y la enseñanza del sistema Braille y lenguaje de señas mexicanas, así como brindar servicio de transporte a los estudiantes que así lo requieran para facilitar la educación de las mismas.
La Ley de Educación fue aprobada por el Congreso del Estado el pasado 15 de mayo, la cual generó controversia por parte de escuelas privadas, así como de los consorcios universitarios. Esta es la segunda acción de inconstitucionalidad, pues la primera fue hecha por diputados opositores que, al no alcanzar un respaldo, fue echada abajo.