La decisión de revocar la concesión de agua es del gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, y no del ayuntamiento de Puebla, ya que la administración estatal será la encargada de analizar la viabilidad técnica y financiera de la rescisión del contrato, señaló el titular de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.
“En principio es un tema estatal, lo que creo es que el gobernador electo tendrá que entrar con su equipo y valorar condiciones jurídicas y económicas (…) Hay un análisis hecho donde se plantean distintas alternativas en términos de la concesión, hay un análisis de lo que implica la parte financiera y será un tema que el gobernador electo tendrá que asumir”, indicó.
El secretario detalló que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) que es de carácter estatal, se creó con el fin de abastecer del vital líquido porque municipios como la capital no cuentan con las condiciones económicas para hacerlo.
Incluso, mencionó que al año se erogan más de 100 millones de pesos para soportar la deuda del Soapap y la liquida el gobierno del estado, por lo que recae en manos del Ejecutivo tomar la decisión sobre la concesión.
“El peso financiero de un organismo de este tipo que es además un organismo regional, no lo puede soportar un municipio por sí solo, esa es la razón por la que se armó el Soapap, como un organismo intermunicipal que abarca a varios municipios pero además un organismo de carácter estatal porque el soporte financiero para algo de esta naturaleza solo lo tiene el estado”, dijo.
El martes, el Cabildo de Puebla aprobó iniciar con el proceso de revocación de la concesión del agua y que se hicieran auditorías a la empresa que presta el servicio para analizar las acciones que ha realizado desde su contratación en 2014.
En entrevista, Manzanilla Prieto mencionó que hasta el momento no hay indicios de que José Cristian N, alias “El Grillo”, estuviera implicado en la violencia de la elección del 2018, hasta el momento sólo son dichos que la autoridad indagará.
Del mismo modo, se pronunció por el atraso que tienen las iglesias del estado que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, explicó que hay recursos aprobados de la federación para su rehabilitación, pero es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el que no autoriza rápidamente los procesos de reconstrucción.
