La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF determinó que no es competente para conocer y resolver la impugnación presentada por los regidores del Ayuntamiento de Tehuacán en contra del inicio del procedimiento de desaparición del Cabildo.
Este jueves en sesión pública no presencial, los magistrados resolvieron el juicio ciudadano SCM-JDC-113/2020 promovido por un grupo de regidores, entre ellos el de Gobernación, Israel Nasta de la Torre, y de Hacienda, Víctor Manuel Canaán Barquet, en contra del acuerdo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, que el 6 de julio declaró el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento.
Señalaron que existe la controversia constitucional –promovida por el presidente municipal suplente de Tehuacán, Andrés Caballero López–, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expediente en el que se concedió la suspensión provisional solicitada.
De esta forma, la Sala Regional Ciudad de México del tribunal electoral federal determinó que no tiene competencia para analizar la impugnación, pues la declaratoria de inicio de procedimiento y la revocación de mandato del Cabildo es un acto derivado de un proceso de responsabilidad política, por lo que no corresponde a la materia electoral y en consecuencia no puede ser revisado a través del sistema de medios de impugnación.
“Esta Sala no puede estudiarla pues no es competente para conocer la controversia, por lo anterior el proyecto propone declarar la incompetencia para resolver el juicio”, se resolvió.
El 30 de julio, un grupo de regidores de Tehuacán impugnó el acuerdo de la Comisión de Gobernación, ya que a su parecer, el procedimiento de desaparición afecta su derecho a ser votado “en la vertiente de ejercicio del cargo para el que fueron electos”.
Se debe mencionar que algunas de las irregularidades detectadas por el órgano legislativo son que los concejales integrantes de la Comisión Especial Transitoria de Tehuacán, creada cuando el edil Felipe Patjane aún estaba en funciones, incurrieron en uso indebido de facultades, aprobaron más de 700 movimientos, se aumentaron el sueldo, dieron de baja y contrataron a personal, y aprobaron viajes a Texas con cargo al erario público.
