En lo que va del año 2021, el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado ha sancionado a seis servidores públicos, tres de ellos fueron diputados de la anterior legislatura: Gerardo Islas Maldonado, Emilio Maurer Espinosa y Uruviel González Vieyra.
De acuerdo con la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, el órgano legislativo impuso una amonestación pública al exdiputado local y dirigente nacional del partido Fuerza por México, Gerardo Islas, por incumplir con las funciones, comisiones y atribuciones encomendadas, sin abundar en los detalles de la sanción.
Sin embargo, en enero de este año se informó que la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) investigaba el desacato del Órgano Interno de Control por no sancionar a Islas Maldonado, por los delitos que cometió en la elección extraordinaria de 2019 cuando difundió propaganda en veda electoral y coaccionó el voto en Tepeojuma, y únicamente le pidió conducirse con apego a la ley.
Por su parte, Emilio Maurer también fue amonestado por “incumplir con las funciones, comisiones y atribuciones encomendadas”. El 12 de abril la Sala Especializada dictó medidas de protección para la diputada local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia, con el fin de evitar cualquier acto de violencia política de género por parte del entonces diputado de Morena que la llamó “esquizofrénica mujer” en una sesión del Congreso.
Además, la Sala Especializada solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva o cualquier órgano con facultades que llevaran a cabo todas las acciones para que durante las sesiones del pleno, las comisiones o cualquier otra actividad legislativa se garantice que no existan actos o expresiones que puedan representar violencia política de género.
Asimismo, el actual presidente municipal de Ciudad Serdán por Movimiento Ciudadano, Uruviel González Vieyra, fue amonestado por incumplir con sus funciones.
Aunque no se detallan los motivos, es del conocimiento público que el exdiputado local de Compromiso por Puebla fue denunciado por el uso de símbolos religiosos en la contienda electoral de este año, rebasar el tope de gastos de campaña y por el presunto desvío de 68 millones de pesos cuando fue presidente municipal de Tlachichuca.
Los otros tres servidores públicos sancionados por el Órgano Interno de Control son el analista especializado, Germán Mignón González; el director general de servicios legislativos, Joaquín Maldonado Ibargüen, y el oficial A, Jesús Alfredo Morales Ramírez, cuyo monto de la indemnización se estableció en 36 mil 599.99 pesos para cada uno.