Son casi 300 investigadores de universidades privadas de Puebla los que se ampararon de manera individual para evitar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) les retire los estímulos económicos que perciben, o que los desconozcan como miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por el simple hecho de no trabajar en una institución pública.
Los académicos de universidades como la UPAEP, UDLAP, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana tienen altas posibilidades de obtener una resolución a favor y conservar su adscripción al SNI así como sus estímulos económicos, ya que recientemente un juez federal otorgó 140 suspensiones definitivas a un igual número de investigadores del país que promovieron amparos contra el nuevo reglamento del Conacyt.
Miguel Ángel Méndez, profesor de tiempo completo en el departamento de ciencia Químico Biológica de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), explicó que al tratarse de casos similares se espera que el fallo de la autoridad sea en el mismo sentido y eso permita que tanto él como sus compañeros se mantengan como miembros del sistema hasta que concluya la vigencia de su contrato que, dependiendo de los casos, termina en el 2022 o 2023.
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“La idea es que como nosotros habíamos aplicado en un momento previo a las modificaciones al reglamento, pues se respetara lo que el contrato indicaba, que era hasta el final de nuestro nombramiento y ya posteriormente pues haríamos una renovación de acuerdo a lo que marcará, en su momento, el reglamento”.
Es preciso señalar que el Conacyt decidió modificar su reglamento esto este año para que los investigadores de escuelas particulares ya no recibieran estímulos económicos, a pesar de que pasaron por el mismo proceso de selección que quienes laboran en escuelas públicas y varios tienen nombramientos por tres años, cuya vigencia aún no concluye.
En consecuencia, varios tramitaron amparos argumentando que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología puede modificar sus reglas de operación pero no aplicarlas de forma retroactiva y que con las modificaciones se les discrimina solo por el hecho de hacer ciencia e investigación desde una institución particular.
Miguel Ángel Méndez expresó que hay investigadores poblanos que interpusieron recursos de amparo porque la vigencia de su contrato todavía no concluía y otros porque concursaron y obtuvieron un lugar en el SNI unos meses antes de que se aprobara el reglamento mediante el cual ya no podían ser aceptados.
Destacó que en el caso de la UDLAP el propio departamento jurídico de la institución apoyó a los investigadores para promover los amparos, ya que un trámite de esta índole les hubiera representado una inversión de entre 20 y 50 mil pesos.
Expresó que confían en obtener una resolución a favor, ya que en el país son casi mil 600 investigadores adscritos a instituciones privadas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y que, por ahora, siguen recibiendo sus estímulos económicos con la advertencia de que estos se suspenderán al concluir el año, aun cuando tienen un contrato vigente.
“En Puebla somos unos 300 investigadores de instituciones privadas que estamos a la expectativa de que esto que está ocurriendo sea para adelante, hacia la defensa de los derechos de investigadoras, de investigadores, que estando en instituciones privadas también queremos contribuir al desarrollo de la ciencia en nuestro país”.
Por último, sentenció que aun cuando las autoridades beneficien a las y los investigadores aceptando sus amparos, para evitar la discriminación contra quienes no laboran en instituciones públicas será necesario promover una controversia constitucional contra el reglamento del Conacyt recién avalado.
