De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, entre 2015 y 2021 se registraron 311 asesinatos en todo el país en contra de la comunidad LGBT, de los cuales, 22 fueron en el estado de Puebla.
Además, nueve de cada 10 víctimas de crímenes de odio en el territorio, son hombres gays, así lo reveló el informe "Discriminación, violencia e ineficiencia institucional", que publicó la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y el Observatorio de Violencia Social y de Género.
Según el texto, la violencia en contra de las personas LGBTTTIQ+ se presenta de diversas maneras, pero preocupan en particular los asesinatos a causa de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia que se vive a nivel nacional y estatal, ya que “la esencia de este crimen es el castigo a la sexualidad no normativa o la no conformidad con el género”.
En el informe, se recopilan datos de varios organismos y plataformas. El objetivo es tener un amplio panorama de lo que ocurre en el país y el estado.
Por ejemplo, la plataforma Visible, concentra incidentes de violencia o discriminación, y desde 2017 y hasta principios de marzo del 2022, se tenían registrados 32 reportes de casos de violencia y discriminación en Puebla.
Aunque estos datos solo reflejan los casos registrados en la plataforma, dejan ver un incremento en las posibles agresiones que han sufrido las personas LGBTTTIQ+ en Puebla, ya que se cuenta con reportes de negación de servicios a parejas del mismo sexo, despidos injustificados, agresiones a personas trans, comentarios insultantes, entre otros hechos.
El reporte, citó notas peiodisticas de este medio, en el cual se visibilazon las agresiones. Un caso fue en febrero del 2022, cuando la activista trans Janeth Palacios denunció haber sido agredida afuera de una tienda de conveniencia en la junta auxiliar La Libertad.
Los hechos se dieron cuando, al terminar los festejos del carnaval, fue agredida físicamente por los dueños de un local, así como otras personas que estaban en la zona.
Otro caso se registró en abril de 2022, cuando el Juzgado Cuarto del Registro Civil le negó a una pareja gay su acta de matrimonio, a pesar de haber realizado todos los trámites previamente, bajo el argumento que estaban impedidos para casarse ya que ambos tienen VIH.
Hasta junio de 2022, la pareja seguía sin posibilidad de concretar su matrimonio, pero el director del Registro Civil, Manuel Valentín Carmona Sosa, dio a conocer que se estaba en proceso de elaboración de un protocolo para garantizar que las parejas con VIH o SIDA puediern casarse sin impedimentos.
Por su parte, la CDH Puebla brindó información sobre las quejas presentadas por casos de discriminación y de enero de 2015 a diciembre de 2021, se acumularon 14 quejas, pero en ni una se emitió alguna recomendación.
La mayoría de los casos fueron concluidos por falta de interés del quejoso, por quedar sin materia, o por ratificación.
Las personas que hicieron el reporte, solicitaron a la CDH Puebla, un reporte de las medidas cautelares o precautorias que se hubieran emitido de 2015 a 2021 para proteger los derechos de las personas LGBTTTIQ+, pero su respuesta indicó lo siguiente:
"La emisión de medias cautelares no es un requisito sine qua non para la investigación de las presuntas violaciones a los derechos humanos en todos los expedientes de queja, en los asuntos que desea conocer, se observa que al no tener elementos necesarios para determinar que exista un riesgo para las personas, no existió necesidad de emitirlas en la integración de dichos expedientes de queja", se pudo leer.
Se hicieron varias solicitudes de información para tener datos de la Fiscalía, pero en varias ocasiones no dieron lo solicitado.
Entre las respuestas que lograron rescatar está que la Fiscalía tien 17 casos de homicidios de enero de 2017 a diciembre de 2021. Las edades de las víctimas van de los 17 a los 68 años.
Además, se identifica que el 94% de las víctimas por crímenes de odio eran mayores de edad, mientras que el 6% era menor de edad. El 83% de las víctimas eran solteras y el 17% eran casadas. Acerca de la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas se registra que el 88% eran gays, el 6% travesti y el 6% bisexual.
En conclusión, el informe señaló que la falta de claridad en la forma en cómo la Fiscalía registra y da a conocer los datos sobre los delitos que se cometen en contra de este sector, dificulta que se pueda tener un panorama claro sobre la situación de violencia en la que se encuentran las personas LGBTTTIQ+ en la entidad.
Además, la manera en la que se llevan los registros presenta deficiencias, pues solo se tienen datos agregados por grupo de edad (mayores de 18 años), y las clasificaciones por identidad u orientación sexual no son claras.
Aunado a ello, el dato no aporta elementos para adoptar políticas públicas en materia de prevención.
