La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló al gobierno del ex mandatario Antonio Gali Fayad y un grupo de ayuntamientos por hacer mal uso de más de 27 millones de pesos destinados a acciones para el desarrollo social, ya que no se transparentó la ejecución de obras y una parte del recurso se destinó a proyectos diferentes a los objetivos del programa.
Los 27 millones 452 mil pesos que la ASF toma como probable daño a la hacienda pública y le requiere al gobierno del estado para aclarar o devolver, corresponde a gestiones realizadas en municipios para comunidades en condiciones de pobreza y Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).
Una de las inobservancias en las que incurrió el gobierno del estado fue en la compra de “estufas ecológicas”, con recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), ya que este proyecto no estaba contemplado en las reglas de operación.
El gobierno del estado recibió los recursos de la federación que transfirió municipios y en seis casos se advirtieron inconsistencias. En Pahuatlán y Zacatlán no se acreditó la ejecución de las obras para las que fueron enviados los recursos.
En Santiago Miahuatlán y Tenampulco, no se entregaron los estados de cuenta ni informes financieros para la ejecución de las obras comprometidas en materia de desarrollo social. Los recursos para los cuatro municipios mencionados varían de 3 a 5 millones de pesos, son observaciones que los ayuntamientos deben solventar.
Únicamente en el caso de Tepeaca se comprobó el uso de 11 millones de pesos durante la auditoría, mientras, en Santa Inés Ahuatempan se devolvieron a las arcas federales más de 2 millones de pesos para equipamiento médico, una vez que los recursos no se utilizaron.
Del mismo modo, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla puso a disposición del gobierno federal comprobantes fiscales en los que no se soporta la adecuada transferencia y pago por la ejecución de las acciones en diferentes zonas del estado, lo que el órgano de fiscalización consideró una irregularidad.
