A más de un mes de que inició funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al menos 12 delegaciones federales en Puebla continúan con el mismo titular y hasta el momento no han tenido acercamientos con las nuevas autoridades federales representadas por Rodrigo Abdala.
En algunos casos los ahora exdelegados renunciaron a sus cargos el 30 de noviembre, es decir, el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, tal es el caso de Juan Manuel López Arroyo de la Sedatu. En otros casos, sus superiores les pidieron sus renuncias a través de un mensaje de Whatsapp, lo cual le sucedió al extitular de la delegación de la CDI, Juan José Tapia González.
Los funcionarios peñanietistas que permanecen en sus carteras, son los siguientes: Ana Isabel Allende Cano, delegada de la Secretaría de Gobernación; Santiago Bárcena Álvarez de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Alberto Jiménez Merino de Conagua; Antonio Kuri Alam del Infonavit; y Cutberto Cantorán Espinoza del Conafe.
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Asimismo Jorge Ramírez Lezama de Bansefi, Sandra Paola Rodríguez Gómez del ISSSTE, Francisco Terrazas González del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), Mario Barrera Bojorges de la Profepa, Marco Antonio Vázquez González de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Víctor Manuel Martínez Wittig de INCA Rural.
Hasta el momento el proceso de entrega recepción por parte de Abdala Dartigues solamente se ha realizado en las delegaciones de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol y del programa Prospera.
Actualmente el representante de López Obrador en Puebla está despachando en las instalaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, junto con su equipo de trabajo, con el que está laborando en el Censo de Bienestar con el que se busca conocer el número exacto de personas beneficiarias con los programas sociales para que a partir de ello se lancen las nuevas estrategias en esta materia.
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Abdala ha encomendado al exsubdelegado José Rocha encargarse del proceso de entrega recepción de las diferentes áreas de la dependencia, tal es el caso de las estancias infantiles, comedores comunitarios, grupos prioritarios (como el programa Más 65) y jornaleros agrícolas.
En el caso del programa Prospera, cuyo padrón actualmente asciende a 520 mil familias, está acéfala la delegación pues no se ha designado a un encargado de despacho.
De acuerdo con fuentes al interior de las delegaciones, éstas prácticamente están inoperantes por dos razones: porque tentativamente será hasta mediados de este mes cuando les liberen los recursos para su funcionamiento; y porque las nuevas autoridades federales no se han acercado a las mismas, de ahí que se desconoce cómo funcionarán y si habrá cambio en las reglas de operación.
