Este 19 de septiembre se cumplieron tres años del sismo que sacudió a Puebla y no hay ningún funcionario público que rinda cuentas por la presunta malversación de recursos destinados para la reconstrucción, y en contraste, algunos de los que manejaron fondos para este fin lograron acomodarse en otros cargos públicos.
Fue hace un año cuando el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, calificó como una “porquería” el manejo que administraciones anteriores le dieron a los recursos destinados para la reconstrucción tras el sismo de 2017, e incluso, afirmó que ya había avances importantes en las investigaciones contra los servidores públicos responsables.
“Hay investigación y hay avances muy importantes (...) se van a sorprender de todo lo que hay, los recursos que hubo se malversaron, se malversaron, punto, era una porquería todo”, declaró a inicios de septiembre de 2019.
A la fecha, no se ha informado sobre ningún proceso de investigación en contra de los funcionarios que tuvieron acceso a recursos para la reconstrucción.
En Puebla, por lo menos 20 funcionarios de primer nivel en 12 dependencias estatales y federales tuvieron acceso a los fondos de la reconstrucción desde 2017 y seguirán recibiendo en 2021, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la federación.
De acuerdo con los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la plataforma Fuerza México y los informes gubernamentales, las dependencias y organismos que tuvieron acceso a estos recursos son el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las secretarías de Salud y de Educación estatal y federal, la Secretaría de Desarrollo Social estatal (Sedeso), la Secretaría de Cultura, el Infonavit, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).
FUNCIONARIOS OBSERVADOS OBTIENEN NUEVOS CARGOS
Lejos de enfrentar una investigación por el manejo de los recursos de la reconstrucción, algunos de los servidores públicos que coordinaron esos programas hoy ostentan nuevos cargos públicos en otros Poderes del Estado.
Tal es el caso de Gerardo Islas Maldonado, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado en 2017 y ahora es diputado local en la LX Legislatura del Congreso del Estado, en representación del partido Nueva Alianza.
Islas Maldonado tuvo a su cargo el programa de reconstrucción de vivienda en la entidad y Puebla fue uno de los ocho estados que recibió observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por no justificar adecuadamente el gasto.
“Los hallazgos de las cuatro auditorías demostraron que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados en beneficio de la población damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para la recepción, administración, control, distribución y supervisión de esos recursos, en incumplimiento de la Ley General de Protección Civil”, indica el último reporte del organismo de fiscalización.
Ya como diputado local, Islas Maldonado reconoció que hubo retraso en la reconstrucción de viviendas que tendrían que haberse entregado para enero de 2019 a más tardar, pero culpó al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) de dicho retraso por suspender la entrega de algunos recursos.
Otro de los exfuncionarios que lograron acomodarse en otro cargo fue el ex director del CAPCEE y ex titular de la Secretaría de Educación Pública en el estado, Jorge Benito Cruz Bermúdez, hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La SEP y el CAPCEE también fueron observados por ASF en las cuentas públicas de 2017 y 2018, pues en el primer caso se detectaron 307 casos con posibles inconsistencias por la duplicidad de recursos que se recibieron para las escuelas dañadas, provenientes del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN).
En el caso del CAPCEE las observaciones fueron por no respetar los contratos de arrendamiento de sanitarios móviles y aulas, también con recursos del FONDEN.
REMUEVEN A DELEGADO DEL INAH TRAS PEDIR INVESTIGACIÓN
Uno de los actos más representativos para frenar estas investigaciones se dio en junio de este año, cuando el entonces delegado del INAH en Puebla, Ambrosio Guzmán Álvarez, envió una carta dirigida a Beatriz Gutiérrez Müller para solicitar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue posibles irregularidades en el manejo de los recursos de la reconstrucción, lo que provocó que fuera removido del cargo contra su voluntad.
En dicha carta, Guzmán Álvarez acusó que nunca hubo un proceso formal de entrega-recepción por parte de su antecesor en el cargo, Víctor Hugo Valencia Valera, además de irregularidades entre los peritos del Instituto que retrasaban la reparación de los 621 inmuebles dañados por el sismo.
Irregularidades en la adjudicación de obras y un enriquecimiento inexplicable de los peritos arquitectos del INAH es parte de lo que acusó en su carta el ex funcionario, quien fue sustituido por Manuel Villarroel después de que se hizo pública esta denuncia.
Incluso, cuando fue presentado públicamente el nuevo delegado, Ambrosio Guzmán se negó a firmar su renuncia y manifestó su inconformidad de ser removido después de acusar presuntos actos de corrupción al interior del INAH.
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