La contaminación del río Atoyac también afectó los recursos públicos destinados para su saneamiento, ya que no existe registro oficial acerca de las inversiones que realizaron los tres niveles de Gobierno desde que se anunció por primera vez que iniciaría su limpieza, en el año de 1996.
Actualmente el afluente no ha recibido algún tipo de intervención, salvo acciones aisladas que ha realizado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el mismo Gobierno del Estado a través de campañas que sancionan a compañías que contaminan.
Sin embargo, ninguna de las nueve recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido cumplida, a pesar de que el organismo autónomo comprobó violaciones cometidas en contra de un ambiente sano, acceso al agua e información en agravio de habitantes de Puebla y Tlaxcala por la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes.
Por otro lado, el Gobierno del Estado no tiene registros precisos de cuántos recursos públicos se han invertido en el saneamiento del río, a pesar de que se han destinado miles de millones en acciones y en la construcción de 25 plantas de tratamiento de las cuales 13 estarían sin funcionar y para este año se ha confirmado por parte de la Conagua una inversión adicional de 300 millones de pesos para sanear el afluente.
Las estimaciones suponen que a 22 años de que se anunciara por primera vez, en la administración de Manuel Bartlett Díaz, el inicio de las acciones de saneamiento, se han invertido alrededor de 5 mil millones de pesos, aunque esa misma cantidad fue destinada en el Gobierno de Mario Marín Torres en lo que se denominó la Carta de la Tierra, para la limpieza del río.
Adicional a eso, se invirtieron hasta 40 millones 58 mil pesos desde el año 2012 para rehabilitar 11 plantas de tratamiento.
La contaminación sin embargo, fue un proceso que inició a partir de 1839 con el desarrollo de la actividad textil y posteriormente el crecimiento de la industria, en ese momento sin que hubiera alguna regulación ambiental. Hoy el río se encuentra entre uno de los 10 más contaminados de México, según la Conagua.
Los últimos estudios refieren que 11 mil 143 personas de seis municipios por donde atraviesa el río Atoyac son susceptibles de morir por enfermedades gastrointestinales, de acuerdo con “Decesos por enfermedades gastrointestinales por la contaminación en el agua de los ríos”, ya que, existen hasta 333 mil 300 bacterias de “escherichia coli” por cada 100 mililitros de agua, la contaminación además puede provocar diferentes tipos de cáncer o malformaciones, pero además la presencia de “neurotóxicos” como son el “plomo” en el aire, tienen relación con un comportamiento violento y agresivo.
EL RÍO
Son 22 municipios los que se encuentran en el río Atoyac en toda su extensión que son San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, Chiautzingo, Coronango, Cuautlancingo, Domingo Arenas, San Matías Tlalancaleca, Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Miguel Xoxtla y Tlaltenango y los 10 restantes se encuentran en forma parcial y son San Salvador el Verde, San Jerónimo Tecuanipan, Amozoc, Huejotzingo, Calpan, Ocoyucan, San Pedro Cholula, Puebla, Tzicatlacoyan y Tlahuapan.
De acuerdo con estimaciones de autoridades estatales, el río ha sido contaminado por alrededor de 8 mil empresas que se ubican en esas demarcaciones.
No obstante, también se sabe que 688 mil 504 habitantes, el 26.7 por ciento de los 2 millones 574 mil 618, no solo consumen recurso hídrico ilegal del subsuelo sino que vierten sus aguas residuales sin tratamiento a barrancas, arroyos y cuerpos receptores de aguas nacionales.
LAS ACCIONES
Pese a la recomendación enviada por la CNDH el año pasado, para que diversas autoridades como la Conagua, la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de los Gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, los ayuntamientos de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla; y Tepetitla de Lardizábal en Tlaxcala, realizaran acciones para limpiar el río, a la fecha no han cumplido una sola recomendación.
Destacan la celebración de un convenio de coordinación interinstitucional y cooperación técnica, entre la Cofepris, la Semarnat, la Conagua, la Profepa, los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, y los municipios colindantes a los ríos y sus afluentes, las empresas que descargan sus aguas residuales o a las redes de alcantarillado municipales, y organizaciones de la sociedad civil, para implementar un “Programa Integral de Restauración Ecológica o de Saneamiento” de la cuenca.
Tampoco se ha diseñado un programa de atención médica en el que se establezcan las medidas de respuesta al impacto de los daños a la salud y su control, ni la información generada ha sido difundida en diversos medios de difusión, entre otros puntos.
