La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobreseyó las controversias constitucionales que promovió el expresidente municipal suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López contra la desaparición del ayuntamiento aprobada por el Congreso del Estado, porque este concluyó y tomaron protesta los nuevos integrantes.
El 17 de noviembre la Segunda Sala resolvió la controversia constitucional 120/2020 presentada en agosto de 2020 contra la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el Congreso, Poder Ejecutivo y el director del Periódico Oficial, todos del Estado de Puebla, en la que el entonces alcalde impugnó el acuerdo del 6 de julio en el cual se declaró el inicio del procedimiento de desaparición del ayuntamiento de Tehuacán.
Los cinco ministros que integran dicho órgano de la Suprema Corte votaron a favor del sobreseimiento de la demanda: José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa.
Previamente, el 10 de noviembre la Segunda Sala que resuelve asuntos administrativos y laborales sobreseyó la controversia constitucional 118/2020, la primera que promovió Andrés Artemio Caballero López contra la desaparición del ayuntamiento de Tehuacán.
A través de estos recursos, el exalcalde pretendía que la Suprema Corte declarara como inconstitucional el acuerdo aprobado el 6 de julio de 2020 por la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura del Congreso del Estado, con mayoría de Morena, que inició el procedimiento y que fue ratificado en el pleno el 21 de septiembre con 26 votos a favor.
LOS ARGUMENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO
La Comisión de Gobernación inició el procedimiento de desaparición a ocho meses de que Felipe Patjane, expresidente municipal de Tehuacán, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por uso ilícito de atribuciones y facultades.
Los argumentos para iniciar la extinción fueron la negativa del Cabildo para tomar protesta a Caballero como alcalde suplente, la creación de una comisión especial transitoria de origen ilegal, el nombramiento irregular de funcionarios, usurpación de funciones, inconsistencias en la emisión de dictámenes y la firma de contratos y convenios estatales. El funcionamiento irregular de comisiones, invasión de competencias y que se puso en riesgo la validez de las aprobaciones del ayuntamiento en los últimos 8 meses.
