La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervendrá en el conflicto entre el Gobierno Federal y pobladores de Puebla, Morelos y Tlaxcala por las posibles afectaciones que la termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos (PIM) genere en las comunidades donde será instalada.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos-Puebla-Tlaxcala dio a conocer que la CIDH solicitó al Gobierno de México la información que asegura la legalidad de la termoeléctrica conforme a la protección para las personas de los pueblos y comunidades que resultarían afectadas.
Asimismo, requirió la información sobre los riesgos que la marcha del Proyecto Integral Morelos significaría para las personas, a la vez de los recursos judiciales interpuestos contra la termoeléctrica.
De acuerdo con el FPDTA la solicitud de la CIDH se realizó el pasado 30 de noviembre y el gobierno mexicano deberá siete dar respuesta a las cuatro demandas de información que realizó la Comisión el próximo lunes 7 de diciembre.
Un informe sobre las medidas implementadas para proteger la vida e integridad física de las personas que se ponen al proyecto, la situación de las personas que solicitaron las medidas cautelares, la información legal y las decisiones judiciales emitidas sobre las presuntas violaciones deberán ser entregadas a la comisión por el plazo de siete días señalado para su cumplimiento.
Se pretende que dicho proyecto sea administrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tenga operaciones en el estado de Morelos y cruce por Tlaxcala, así como en diez municipios de Puebla a través de los 150 kilómetros que abarcará.
Cabe destacar que desde la semana pasada, agricultores y ejidatarios se mantienen en protesta frente a las instalaciones de la termoeléctrica en Yecapixtla, Morelos sin recibir una respuesta positiva a sus demandas de parte del Gobierno Federal más que el desalojo y vigilancia con elementos de la Guardia Nacional.
Igualmente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que los opositores al PIM no son la mayoría de personas en las comunidades, por lo que justificó el desalojo de los pobladores e inicio de trabajos de la termoeléctrica.