Pese a que algunas organizaciones civiles han denunciado la creciente cifra de feminicidios en el estado, de enero de 2015 al mismo mes de 2018, solo van acumuladas 46 denuncias por este delito que implica el asesinato de una mujer a razón del género.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en la entidad, ha habido denuncias por feminicidios en Atlixco, Puebla, Calpan, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Acajete, Acatlán, Amozoc, por citar algunos municipios.
Los datos del SESNSP están conformados con información que le envía la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). No obstante, estos difieren de los que el mismo organismo ha emitido mediante solicitudes de transparencia.
La autoridad estatal indicó al secretariado, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), que durante 2015 se abrieron 6 carpetas de investigación por feminicidio en el estado, mientras en 2016 la cifra fue de 12 denuncias, en 2017 la cantidad ascendió a 27 querellas y en 2018 se acumuló una denuncia durante el mes de enero.
Sin embargo, en una solicitud de información hecha por activistas, la FGE dijo que hubo más procesos iniciados por delito de feminicidio en el estado, pues durante 2015 se registraron 30 carpetas de investigación, en 2016 la cifra fue de 27 y, tan solo de enero a agosto de 2017, la cantidad ascendió a 36 expedientes.
Respecto a esta falta de coincidencia en las estadísticas, la activista Natali Arias dijo, que: “es evidente que las autoridades continúan sin tener acciones coordinadas respecto del tema de feminicidio. Y siguen sin reconocer que tienen grandes dificultades para investigar este delito, por un lado, por el desconocimiento del protocolo para la investigación del delito de feminicidio (que incluso asume la investigación de todos los homicidios dolosos contra mujeres como probables feminicidios) y por otro, por la falta de perspectiva de género en la práctica de la investigación del delito de feminicidio, lo que da como resultado que se desestimen investigaciones por feminicidio o que incluso no puedan sostenerse en el juicio”.
La activista ejemplificó el caso de Mara Castilla –pues al indiciado por el asesinato, se le otorgó un amparo respecto al delito de privación ilegal de la libertad- y el de Paulina Camargo, como feminicidios sin resolver y sin integrarse –de primera instancia- como tal delito, sino que se relacionan con otros.
“Las autoridades invierten muchos esfuerzos en desestimar las cifras de las organizaciones porque reconocer tantos casos es también reconocer que no están siendo eficientes en la prevención del feminicidio”, dijo la activista, en entrevista con este medio.
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