/ martes 3 de noviembre de 2020

Suman ocho asuntos por violencia política de género en Puebla

Para el 2021 no podrán ser candidatos quienes hayan sido sancionados o condenados por violencia familiar, de género o sean deudores alimentarios

En lo que va del año, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ha resuelto ocho asuntos relacionados con violencia política de género, presentados por funcionarios, una dirigente de partido y un diputado local.

El Congreso del Estado aprobó en julio reformas para reconocer la violencia política de género en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la entidad, así como para sancionar aquellas conductas que causen daño o sufrimiento a una o varias mujeres, con el objetivo de reducir o anular el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de sus derechos político-electorales.

Para el 2021 no podrán ser candidatos quienes hayan sido sancionados o condenados por violencia familiar, de género o sean deudores alimentarios.

HÉCTOR ALONSO

De los ocho recursos, dos fueron promovidos por el diputado Héctor Alonso Granados, quien impugnó las medidas cautelares impuestas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado (IEE), por presunta violencia política contra su par Nora Merino Escamilla.

En ambos casos, el ex integrante de la bancada de Morena y Movimiento Ciudadano, desistió en su demanda y el tribunal dio por concluido el asunto.

CLAUDIA RIVERA

El siguiente caso es el de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, a quien el tribunal le dio la razón al revocar una resolución de la Comisión Permanente del IEE que desechó su queja en contra del gobernador Luis Miguel Barbosa por presunta agresión política de género.

En consecuencia el órgano jurisdiccional ordenó al IEE que realice la ratificación del escrito de denuncia presentada el 6 de julio por la alcaldesa, la admisión, integración y sustanciación del procedimiento especial sancionador.

GENOVEVA HUERTA

Otro asunto resuelto es la apelación promovida por la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, en contra de la comisión que desechó su queja por presunta violencia política cometida por el gobernador Barbosa.

La panista recurrió al TEEP, sin embargo este desechó de plano la demanda al carecer de firma autógrafa, a pesar de que fue requerida en dos ocasiones para su comparecencia virtual o personal a fin de subsanar la omisión.

PRESIDENTA AUXILIAR DE IXTIYUCAN

La presidenta auxiliar de Santa María Ixtiyucan, Estela Aguilar Caballero, perteneciente al municipio de Nopalucan, acusó a funcionarios municipales de cometer violencia laboral, institucional y simbólica, debido a que fue revocada de su cargo y el ayuntamiento le adeuda 38 mil 510.15 pesos en sueldos.

El tribunal vinculó al Instituto Electoral del Estado para que en uso de sus facultades y atribuciones determinara si era conducente conceder medidas cautelares, de naturaleza inmediata y provisional al estudio de fondo.

Acordó dar vista al Congreso local para que en uso de sus facultades, determine las consecuencias legales a que haya lugar, conforme a la legislación aplicable. De este mismo caso, el órgano jurisdiccional resolvió otro recurso de apelación en el que ordenó a la comisión reponer el procedimiento.

VIOLENCIA EN SAN ANTONIO CAÑADA

Otra impugnación que el tribunal resolvió fue la interpuesta por Amada Borbolla Antonio, regidora del ayuntamiento de San Antonio Cañada, quien acusó agresión económica, laboral y política por parte del presidente municipal Bernardino Aquino Belendez, por lo cual el asunto se vinculó al IEE para que conociera de la denuncia de violencia política en razón de género.

Además el órgano jurisdiccional ordenó al Cabildo que pague a la concejal las remuneraciones y prestaciones por 144 mil pesos y la restituya en el cargo.

VIOLENCIA INDÍGENA EN TLACOTEPEC

El último asunto resuelto por el TEEP hasta octubre fue el interpuesto por el regidor del ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Epifanio Félix González, quien acusó violencia política en razón de ser indígena porque se le pretendía cambiar de la Comisión de Obra Pública a la de Equidad y Género.

El tribunal determinó que no es competente para conocer del acto que controvierte, pero ordenó al síndico que admita, sustancie y resuelva el recurso.



En lo que va del año, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ha resuelto ocho asuntos relacionados con violencia política de género, presentados por funcionarios, una dirigente de partido y un diputado local.

El Congreso del Estado aprobó en julio reformas para reconocer la violencia política de género en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la entidad, así como para sancionar aquellas conductas que causen daño o sufrimiento a una o varias mujeres, con el objetivo de reducir o anular el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de sus derechos político-electorales.

Para el 2021 no podrán ser candidatos quienes hayan sido sancionados o condenados por violencia familiar, de género o sean deudores alimentarios.

HÉCTOR ALONSO

De los ocho recursos, dos fueron promovidos por el diputado Héctor Alonso Granados, quien impugnó las medidas cautelares impuestas por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado (IEE), por presunta violencia política contra su par Nora Merino Escamilla.

En ambos casos, el ex integrante de la bancada de Morena y Movimiento Ciudadano, desistió en su demanda y el tribunal dio por concluido el asunto.

CLAUDIA RIVERA

El siguiente caso es el de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, a quien el tribunal le dio la razón al revocar una resolución de la Comisión Permanente del IEE que desechó su queja en contra del gobernador Luis Miguel Barbosa por presunta agresión política de género.

En consecuencia el órgano jurisdiccional ordenó al IEE que realice la ratificación del escrito de denuncia presentada el 6 de julio por la alcaldesa, la admisión, integración y sustanciación del procedimiento especial sancionador.

GENOVEVA HUERTA

Otro asunto resuelto es la apelación promovida por la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, en contra de la comisión que desechó su queja por presunta violencia política cometida por el gobernador Barbosa.

La panista recurrió al TEEP, sin embargo este desechó de plano la demanda al carecer de firma autógrafa, a pesar de que fue requerida en dos ocasiones para su comparecencia virtual o personal a fin de subsanar la omisión.

PRESIDENTA AUXILIAR DE IXTIYUCAN

La presidenta auxiliar de Santa María Ixtiyucan, Estela Aguilar Caballero, perteneciente al municipio de Nopalucan, acusó a funcionarios municipales de cometer violencia laboral, institucional y simbólica, debido a que fue revocada de su cargo y el ayuntamiento le adeuda 38 mil 510.15 pesos en sueldos.

El tribunal vinculó al Instituto Electoral del Estado para que en uso de sus facultades y atribuciones determinara si era conducente conceder medidas cautelares, de naturaleza inmediata y provisional al estudio de fondo.

Acordó dar vista al Congreso local para que en uso de sus facultades, determine las consecuencias legales a que haya lugar, conforme a la legislación aplicable. De este mismo caso, el órgano jurisdiccional resolvió otro recurso de apelación en el que ordenó a la comisión reponer el procedimiento.

VIOLENCIA EN SAN ANTONIO CAÑADA

Otra impugnación que el tribunal resolvió fue la interpuesta por Amada Borbolla Antonio, regidora del ayuntamiento de San Antonio Cañada, quien acusó agresión económica, laboral y política por parte del presidente municipal Bernardino Aquino Belendez, por lo cual el asunto se vinculó al IEE para que conociera de la denuncia de violencia política en razón de género.

Además el órgano jurisdiccional ordenó al Cabildo que pague a la concejal las remuneraciones y prestaciones por 144 mil pesos y la restituya en el cargo.

VIOLENCIA INDÍGENA EN TLACOTEPEC

El último asunto resuelto por el TEEP hasta octubre fue el interpuesto por el regidor del ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Epifanio Félix González, quien acusó violencia política en razón de ser indígena porque se le pretendía cambiar de la Comisión de Obra Pública a la de Equidad y Género.

El tribunal determinó que no es competente para conocer del acto que controvierte, pero ordenó al síndico que admita, sustancie y resuelva el recurso.



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