/ jueves 4 de abril de 2019

Suman tres activistas asesinados en el estado en la defensa del territorio

Proyectos derivados de la Reforma Energética en el Estado de Puebla ha generado movimientos de resistencia

La instalación de proyectos derivados de la Reforma Energética en el Estado de Puebla ha generado movimientos de resistencia en municipios que se ubican en el 5.7 por ciento de la superficie territorial que está concesionada para realizar actividades extractivas, sin importar la existencia de poblaciones.

La minería y el establecimiento de hidroeléctricas para abastecer empresas extranjeras, sobre todo, han provocado actos de criminalización hacia comunidades originarias, y también, la defensa ante tribunales federales y su organización para evitar su instalación, principalmente de compañías norteamericanas, de Canadá y Estados Unidos.

Oswaldo Villegas es activista e integrante del movimiento nacional de la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA) y comentó que detrás de los proyectos aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se encuentra la corrupción porque muchos lograron autorizaciones sin consulta previa e informada hacia los afectados.

El activista Villegas destacó que existen actualmente carpetas de investigación abiertas sobre Alfredo Guerrero Santos, Francisco Jiménez Pablo y otros activistas que se oponen al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala que se instará en los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz, del que han obtenido un recurso para suspenderlo.

Solo en el estado de Puebla el activista Antonio Esteban Cruz, originario de Cuetzalan y líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP), opositor a proyectos hidroeléctricos y mineros fue asesinado en el año 2014, mientras que, a Manuel Gaspar Rodríguez, del mismo municipio y defensor del agua y el territorio, lo mataron el año pasado. Frumencio Solís Cruz murió por la misma causa, según compartió Villegas.

Violación a su derecho de consulta, opacidad y criminalización han sido parte de las consecuencias de los proyectos que trajo la reforma, y como ejemplo se encuentra la hidroeléctrica Puebla 1, promovida por la empresa Deselec-Comexhidro, en contra de pueblos nahuas y totonacos de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya en la Sierra Norte de Puebla, según documentó Fundar.

El último anuario de Fundar sobre las actividades extractivas señala que en Puebla el 5.7 por ciento del territorio se encuentra concesionado, porcentaje que equivale a 196 mil 273 hectáreas de las 3.4 millones que conforman el territorio.

Actualmente en el estado se encuentran vigentes 309 concesiones mineras en 54 municipios, que representan el 24.8 por ciento del total del estado, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE).

Cabe señalar que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió el 4 de abril como el Día Internacional de Información Sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a ellas, con el fin de erradicar los daños causados por ellas.

La instalación de proyectos derivados de la Reforma Energética en el Estado de Puebla ha generado movimientos de resistencia en municipios que se ubican en el 5.7 por ciento de la superficie territorial que está concesionada para realizar actividades extractivas, sin importar la existencia de poblaciones.

La minería y el establecimiento de hidroeléctricas para abastecer empresas extranjeras, sobre todo, han provocado actos de criminalización hacia comunidades originarias, y también, la defensa ante tribunales federales y su organización para evitar su instalación, principalmente de compañías norteamericanas, de Canadá y Estados Unidos.

Oswaldo Villegas es activista e integrante del movimiento nacional de la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA) y comentó que detrás de los proyectos aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se encuentra la corrupción porque muchos lograron autorizaciones sin consulta previa e informada hacia los afectados.

El activista Villegas destacó que existen actualmente carpetas de investigación abiertas sobre Alfredo Guerrero Santos, Francisco Jiménez Pablo y otros activistas que se oponen al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala que se instará en los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec de Porfirio Díaz, del que han obtenido un recurso para suspenderlo.

Solo en el estado de Puebla el activista Antonio Esteban Cruz, originario de Cuetzalan y líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP), opositor a proyectos hidroeléctricos y mineros fue asesinado en el año 2014, mientras que, a Manuel Gaspar Rodríguez, del mismo municipio y defensor del agua y el territorio, lo mataron el año pasado. Frumencio Solís Cruz murió por la misma causa, según compartió Villegas.

Violación a su derecho de consulta, opacidad y criminalización han sido parte de las consecuencias de los proyectos que trajo la reforma, y como ejemplo se encuentra la hidroeléctrica Puebla 1, promovida por la empresa Deselec-Comexhidro, en contra de pueblos nahuas y totonacos de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya en la Sierra Norte de Puebla, según documentó Fundar.

El último anuario de Fundar sobre las actividades extractivas señala que en Puebla el 5.7 por ciento del territorio se encuentra concesionado, porcentaje que equivale a 196 mil 273 hectáreas de las 3.4 millones que conforman el territorio.

Actualmente en el estado se encuentran vigentes 309 concesiones mineras en 54 municipios, que representan el 24.8 por ciento del total del estado, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE).

Cabe señalar que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió el 4 de abril como el Día Internacional de Información Sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a ellas, con el fin de erradicar los daños causados por ellas.

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