La auditoría preventiva que inició la Auditoría Superior del Estado (ASE) en contra de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) quedó sin efecto después de que vencieron los plazos para dictaminar sus resultados ante el Congreso del Estado, sin embargo, ya perfila una nueva revisión del mismo tipo con la denuncia que ingresó el pasado martes al Congreso del Estado por presunto desvío de recursos.
Fue la propia ASE quien dio a conocer que se suspendió la revisión preventiva 2019 a la BUAP, con el argumento de que la Tesorería de la universidad se negó a entregar la información requerida.
“Ante la negativa por parte de la Tesorería de la @BUAPoficial de entregar información, se ha cerrado la Revisión Preventiva 2019 el día 20 de enero del año en curso”, informó el organismo de fiscalización a través de su cuenta de Twitter.
Sin embargo, de acuerdo con Ley de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, la ASE tenía que haber concluido la revisión preventiva a más tardar el 31 de diciembre del año pasado y no el 20 de enero de 2020 como lo hizo, pues este tipo de revisiones solo se pueden realizar durante el año en curso que se está fiscalizando.
El artículo 4 de dicha ley define una revisión preventiva como “aquella que se lleva a cabo durante el ejercicio fiscal en curso, en términos de lo dispuesto en esta Ley”.
Aunque a la ASE se le venció el tiempo para dictaminar los resultados de la revisión preventiva que inició en noviembre del año pasado, todavía puede realizar un segundo proceso similar, siempre y cuando exista una denuncia ciudadana de por medio.
“Cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación, custodia irregular o desvío de recursos públicos estatales o municipales y demás que competa fiscalizar a la Auditoría Superior, en los supuestos previstos en esta Ley. En estos casos, la Auditoría Superior, previa autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales anteriores al de la Cuenta Pública en revisión. Las denuncias podrán presentarse al Congreso del Estado, a la Comisión o directamente a la Auditoría Superior”, indica el artículo 72 de la Ley de Fiscalización.
La “denuncia ciudadana” ya ingresó el pasado martes a la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, después de que los diputados que la integran dieron entrada a la denuncia que presentó el académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, José Antonio Robledo y Meza, para acusar un presunto desvío de recursos en la máxima casa de estudios.
CONTINÚA REVISIÓN ORDINARIA DE CUENTA PÚBLICA
Las revisiones preventivas que puso en marcha la ASE en contra de la BUAP son independientes a la revisión ordinaria de cuenta pública por el ejercicio fiscal de 2019 que, de acuerdo con la nueva ley, debe quedar dictaminada en abril de este año.
Así lo expuso el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, quien también confió en que exista una reunión entre la BUAP y la Secretaría de Gobernación para destensar la relación.
“Yo creo que no (es un carpetazo), empieza ya, según tengo entendido, la auditoría ordinaria…Ya comentó el Secretario de Gobernación que va a buscar un diálogo, esa es la labor, el secretario es una persona conciliadora, esperemos que salga bien, pero que salga bien no quiere decir echar atrás la auditoría, esa se va a hacer de acuerdo a la ley permite y de acuerdo a la que la ley obliga”.
De igual forma, consideró que la campaña de la BUAP para ofrecer asesorías jurídicas gratuitas contra el reemplacamiento vehicular es una medida para presionar al Gobierno del Estado, en medio de este conflicto que existe por la revisión de sus cuentas públicas.
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