El erario estatal necesita ser auditado por instituciones nacionales e internacionales, esto con la finalidad de que los responsables de generar la deuda fiscal que ascendió a 2 mil 700 millones de pesos con cargo a las finanzas públicas paguen cada centavo de lo liquidado, y así la obligación no recaiga en los contribuyentes poblanos, señaló Juan Carlos Domínguez Vergara, economista y doctor en Ciencias de Gobierno y Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Desde la perspectiva del académico, quien también es investigador en la Universidad Iberoamericana Puebla, existe el riesgo de que la deuda recientemente finiquitada por el gobierno del estado, la cual se originó en una irregularidad fiscal cometida en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, sea pagada por el erario y no por los responsables de generarla.
En entrevista con El Sol de Puebla, Domínguez Vergara señaló con preocupación que el gobierno poblano necesita ser más transparente respecto a la investigación de este hecho, pero también sobre la estrategia que se implementó para pagar dicha obligación fiscal sin afectaciones futuras, como se dijo por las autoridades.
“Toca hacer auditorías que dependan del gobierno. El gobierno estatal debe hacer todo lo posible para que sea lo más transparente posible, porque, desgraciadamente, en la historia de México sabemos que hay problemas de corrupción, de impunidad, y sabemos que entre los de arriba se protegen, eso sucede tanto a nivel estatal y federal”.
Y agregó: “Es importante buscar todos los mecanismos legales de auditorías externas; [lo debe hacer] el propio gobierno estatal, en colaboración con el gobierno federal, para que verdaderamente se esclarezca todo esto y, sobre todo, para que haya acciones que sean convincentes para la ciudadanía (...) Hay muchos recursos públicos de por medio, hay poca transparencia y se debe de exigir más transparencia”.
Refirió que los propietarios de la consultoría contratada entonces por el gobierno poblano, Sistemas LAC, así como los funcionarios involucrados en esa transacción, deben ser llamados a rendir cuentas, para que salden su adeudo con el erario.
Hizo hincapié en que el monto de los 2 mil 700 millones de pesos no es menor, pues, si bien representa el 2.25 por ciento del presupuesto total del estado para 2023, si se compara, por ejemplo, con las participaciones totales que recibirá el municipio de Puebla –la demarcación más poblada del estado–, hay una diferencia considerable.
De acuerdo con la Ley de Ingresos del ayuntamiento capitalino, para 2023 se proyectó una recaudación de 2 mil 469 millones 465 mil 488.58 pesos solamente por concepto de participaciones. En otras palabras, la deuda pagada recientemente por el estado fue ocho por ciento más cara que ese concepto de ingreso.
Cabe recordar que este adeudo se originó en 2015 y surgió luego de que el gobierno estatal pidió al SAT una devolución de impuestos por 702 millones de pesos correspondiente a los ejercicios fiscales de 2009 y 2010, esto con base en un dictamen elaborado por Sistemas LAC.
Teresa Castro Corro, actual titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), explicó que la autoridad fiscal federal determinó que el estado incurrió en un acto de dolo, toda vez que basó la devolución de impuestos en una normatividad que ya no estaba vigente, derivando así en la generación de un crédito fiscal que creció 285 por ciento hasta 2023. Durante ese lapso, de 2015 a 2023, el Estado poblano litigó en tribunales la determinación del SAT, pero la acción fue infructífera.
Uno de los gobiernos que mantuvo esa pugna en tribunales fue el de Miguel Barbosa Huerta, quien falleció en diciembre pasado. A decir de Domínguez Vergara, la decisión del exgobernador no fue la correcta, pues permitió que la obligación fiscal ascendiera. No obstante, enfatizó en que los procesos judiciales suelen ser tardíos.
“Los procesos judiciales tardan (...) yo creo que esto fue lo que pasó, pero, mientras tanto, se están generando intereses, y se generó esta enorme cantidad, por eso lo estoy considerado como una irresponsabilidad en su momento”, refirió.
Teresa Castro debe responder ante el Congreso y los poblanos
Ahora bien, respecto a la inversión fallida que protagonizó el gobierno de Puebla en años pasados, la cual fue recientemente admitida por Castro Corro, respecto a la inversión de 600 millones de pesos en Banco Accendo, una institución que quebró en 2021 y cuyo director fue aprehendido por malos manejos, el académico de la Ibero Puebla indicó que es necesario también rendir cuentas frente a una autoridad fiscalizadora.
Si bien hizo hincapié en que todavía puede retornar a Puebla lo invertido, pues el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mantiene vigente el embargo de Banco Accendo, señaló que es poco probable que se recupere la totalidad del dinero.
Por ello mencionó que es necesario que la actual administración sea investigada del mismo modo. Aunque señaló que la propuesta de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), de llamar a comparecer a Castro Corro, es útil, enfatizó que ello tampoco garantizará la transparencia en este caso.
“Está bien, pero no es suficiente, pero está bien, porque lo que se tiene que hacer es transparencia, pero yo creo que no va a ser suficiente, tiene que hacerse una investigación también sobre este suceso. ¿Quién la realizó, cuál fue el propósito?, no basta con que comparezca, porque ahí se puede justificar”, comentó.
El académico indicó que la eventual renuncia de Castro Corro no debe descartarse, sin embargo, subrayó que el cambio de perfiles tampoco resolverá de lleno la ausencia de transparencia que ahora envuelve al estado, derivado de ambos sucesos.
“Se supone que están las mejores personas, con las acreditaciones correspondientes para que no se pueda decir ‘Me equivoqué’. Entonces, por eso también debe llamarse a los responsables que digan acá cuál fue el propósito financiero de ese supuesto ahorro, no nada más es con lo que nos han dicho (...) habría que ver cómo estaba calificada la institución y por qué se decidió invertir en ella”, indicó.
Finalmente, reconoció que la decisión del gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de haber comunicado sobre las dos pérdidas de recursos en años pasados, constituye un buen ejercicio de información a la ciudadanía, no obstante, enfatizó que la opinión pública requiere todavía mayor información sobre lo ocurrido y los responsables, toda vez que se trató de recursos generados por los contribuyentes.
“Hay un grave problema en cómo se lleva a cabo la administración de recursos por parte del estado, en sus diferentes niveles, hay mucha opacidad y yo creo que es un problema mayúsculo que debe de generar que es un cambio drástico en el tipo de gobierno que se lleva a cabo. No basta con cambiar perfiles porque es una práctica que, desgraciadamente, se viene reproduciendo, nada garantiza que cambiar perfiles vayan a mejorar la situación”, remató.
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