Un total de 118 asentamientos irregulares son los que tiene detectados la Comisión de Vivienda del Gobierno del Estado en toda la entidad, reveló la directora general del organismo, Assenet Lavalle Arenas, quien acusó a las administraciones anteriores de ser omisas en la entrega de los títulos de propiedad.
“Son más o menos 118, cuando llegamos en marzo a la Comisión había 85, pero había un desorden administrativo que implicaba el no conocer ni siquiera conocer el propio patrimonio de la comisión, entonces estamos haciendo esa investigación”, informó tras participar en una mesa de trabajo en la Comisión de Vivienda en el Congreso del Estado.
Explicó que todos estos asentamientos están pendientes de regularización, debido a que formaban parte de programas de vivienda que nunca concluyeron su proceso de escrituración por omisiones de gobiernos anteriores, que van desde 1990 hasta el 2009.
“No sé si corrupción, puedo pensar que tal vez, lo que sí es omisiones. Es decir, administrativamente se pensaba en un programa de vivienda sin considerar el último pasito que era la titulación y en todo caso el orden urbano, el entregar ese fraccionamiento, ese desarrollo a la autoridad municipal. La forma de operar era omisa, era inacabada y también los cambios políticos, la idea de cambiar todo el tiempo este organismo ha impedido ejecutar acciones de manera ordenada”.
Explicó que estos asentamientos se ubican en 63 municipios de todo el estado, principalmente en la Sierra Norte y zona metropolitana, mientras que en la capital destacó colonias como El Refugio, Solidaridad Nacional y aquellas del sur de la ciudad.
En el caso del sur de la ciudad, reconoció que son frecuentes las denuncias de invasión a predios que no están regularizados, como los que recientemente documentó El Sol de Puebla por parte de la organización Antorcha Campesina, cerca del bulevar Carmelitas.
“Las más frecuentes son en el municipio de Puebla, en estas colonias al sur donde hay un desorden urbano impresionante. La gente habita sus viviendas, pero no paga prediales, tampoco tiene servicios, tampoco tiene seguridad pública”.
De igual forma, informó que existe una cartera vencida de casi 143 millones de pesos por parte de propietarios que dejaron de pagar la regularización de sus terrenos, por lo que busca mayores recursos para el siguiente año que permitan financiar una campaña de cobro a deudores.
