La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) lleva casi diez años envuelta en escándalos a causa del conflicto entre la familia Jenkins por el control del patronato de la fundación Mary Street Jenkins, los cuales van desde embargos y restricciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hasta órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de varios integrantes de la familia.
Todo inició en 2013 con la expulsión del primogénito Guillermo Jenkins de Landa del patronato de la fundación, por lo que un año después interpuso una demanda ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, en la que, además de buscar su restitución, denunció que dicha fundación donó el 30 de abril de 2014, todo su patrimonio –valuado en 720 millones de dólares– a la beneficencia “Bienestar de Filantropía”, con sede en la isla Barbados.
A partir de ese momento se inició una investigación que derivó en diversas acciones por parte del SAT que han puesto en el ojo del huracán a la universidad con sede en San Andrés Cholula, pues en marzo de 2015 el fisco revocó el permiso a la Fundación Jenkins como donataria autorizada que le permitía deducir impuestos.
Sin embargo, fue en 2017 cuando el SAT embargó el campus de la UDLAP, derivado de la investigación que se realizaba a las operaciones financieras de la Fundación Jenkins.
El conflicto familiar escaló este año hasta el terreno penal cuando la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió una orden de aprehensión en contra de Roberto Jenkins de Landa, sus hermanos María Elodia, Margarita y Juan Carlos y su madre Sofía de Landa Irizar de Jenkins, por presunto lavado de dinero.
De igual forma, este mismo año se emitió una orden de aprehensión contra varios de los integrantes de la familia Jenkins, así como a sus representantes legales por el presunto desfalco de más de 14 mil millones de pesos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins.
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