La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) integró siete expedientes para sancionar a los responsables de provocar incendios forestales en el estado de Puebla, ya que en 2019 se registraron 353 quemas que afectaron 18 mil 727 hectáreas y en lo que va del año suman 121 y más de 2 mil hectáreas de vegetación afectadas.
Los municipios con mayor incidencia son Tlachichuca (en el Parque Nacional Pico de Orizaba), Tepatlaxco de Hidalgo, Zacatlán, Libres, Soltepec, Huauchinango, Huejotzingo, Puebla (en la zona de la Malinche) y Tepeyahualco de Hidalgo.
Tan solo la semana pasada se registraron incendios en Tlachichuca, Zautla, Chiautzingo, Acajete, Tlahuapan, Saltillo Lafragua, Tepatlaxco, Juan N. Méndez y Zacatlán, hechos que ubican al estado dentro de los de mayor incidencia en el país, dijo Rolando Montero León, representante de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Por eso la Profepa y la Conafor buscan que se aplique la ley mediante una reforma al Código Penal del Estado para hacer efectiva la sanción de cárcel y la multa superior a un millón de pesos al responsable de provocar incendios en bosques y pastizales.
A pesar de que los siniestros siguen ocurriendo, el representante de la Conafor aseguró que los sucesos son 30 por ciento menos que en 2019.
Brigadistas de Tlachichuca, Guadalupe Victoria, Libres y Lafragua comprobaron que la mayoría de los incendios son provocados por personas que se dedican al pastoreo, por ejemplo en el ejido Nuevo Saltillo, donde el fuego duró dos semanas y está terminando con el bosque y su patrimonio, ya que reforestar el sitio llevará un periodo de 30 años.
“El lugar que tenemos es un patrimonio para Guadalupe Victoria, anteriormente fue lo máximo, de ahí nos manteníamos, ahí tenemos 330 hectáreas de siembra, 850 de uso común, entonces sí nos preocupa”, dijo un grupo de pobladores que llevan 12 años como brigadistas voluntarios y no reciben ninguna compensación económica.
PARQUE NACIONAL PICO DE ORIZABA, FOCO ROJO
Aunque existen campañas en radio y televisión a nivel nacional para evitar la quema de pastizales o bosques, el hombre sigue siendo el principal provocador de incendios y el Parque Nacional Pico de Orizaba es el sitio que más casos registra.
En el combate de incendios en la región Serdán participan las brigadas Coyote 3 de Tlachichuca, Coyote 4 de González Ortega, en Saltillo Lafragua, Coyote 11 de Libres que pertenecen al Centro Estatal de Prevención y Combate de Incendios, así como las conocidas como Rojo de la Conafor y pobladores de Cuauhtémoc y Agua Escondida.
En esta región y en resto del estado también labora personal de la coordinación general de Protección Civil, policía federal, Ejército Mexicano, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y los presidentes de los municipios con más casos.
Para identificar a las personas que provocan los siniestros, la Profepa integró siete expedientes que están en investigación para después presentar la denuncia penal ante las autoridades, sin embargo hasta el momento no ha podido comprobar algún hecho.
PLANTEAN REFORMA PARA SANCIONAR A RESPONSABLES
La Comisión Nacional Forestal presentará en el Congreso del Estado una reforma al Código Penal para aplicar la ley, en específico el artículo 412 que establece de seis a 12 años de prisión, independientemente de las sanciones, al que por medio de incendio, inundación o explosión, cause daño o peligro en montes, bosques o en cultivos.
Además si la plantación estuviere en tierras ejidales o el daño o peligro se cauce durante la temporada de estiaje, en zonas de alto riesgo declaradas por las autoridades, las sanciones se agravarán con un año más de prisión.
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN
El encargado de la comisión en Puebla, Rolando Montero, afirmó que el 95 por ciento de los siniestros ocurren en pastizales y vegetación herbácea donde la propia naturaleza restaura las áreas, sin embargo para incendios que afectan la cobertura arbórea existe un programa de restauración forestal para recuperar el ecosistema perdido.
Se trata de un programa de compensación ambiental y restauración a por lo menos tres años, que desde 2019 se aplica para terrenos afectados por incendio de copa y cuando el suelo haya quedado expuesto, se ubica a los propietarios, se inician trabajos de conservación de suelo, captación de agua de lluvia, reforestación y la protección de la misma para garantizar el 80 por ciento de la siembra o plantío.
Las sanciones que la Profepa aplica de acuerdo a la ley dependerán de la superficie quemada y el valor del ecosistema, ya que si el incendio es provocado a un bosque, Parque Nacional o Área Natural Protegida estas se duplicarán o triplicarán.
LA MAYORÍA DE INCENDIOS SON PROVOCADOS
La Conafor detectó las posibles causas de incendios, 40 por ciento por actividades ilícitas, 19 por ciento agrícolas, 10 por ciento actividades pecuarias, 9 por ciento por fogatas, 9 por ciento por causas desconocidas, 4 por ciento por fumadores y el resto por cazadores, quema de basureros y otras actividades productivas naturales, limpias de derecho de vía, festividades y rituales y residuos de aprovechamiento forestal.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 el gobierno de Luis Miguel Barbosa identificó que en el periodo de 1991 a 2019 en el estado de Puebla ocurrieron 5 mil 112 siniestros, ubicando a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional.
Reconoció que las medidas de vigilancia y cuidado forestal no han sido suficientes ni efectivas para evitar y reducir la cantidad de incendios forestales. Además detectó que las quemas representan uno de los riesgos más altos en 64 municipios.
Mientras que en el Presupuesto de Egresos 2020 el Gobierno del Estado solo etiquetó un millón 500 mil pesos para la adquisición de un vehículo y equipo para el combate a incendios en el Parque Nacional Pico de Orizaba.
Las acciones estratégicas planteadas son la atención de superficies afectadas por incendios, campañas de reforestación en superficies degradadas, pláticas para prevenir quemas y la degradación del suelo, así como la importancia de conservar los recursos.
El gobierno de Barbosa también estableció la realización de operativos contra incendios, de prevención y servicios de emergencia requeridos por la población, en caso de siniestros y desastres naturales o provocados por el hombre.
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