/ martes 23 de abril de 2019

[VIDEO] “No soy ni seré una mártir jamás”, así pide Lydia Cacho reparación del daño al Estado

La periodista lanzó una petición en Change.org donde hace un llamado a las autoridades federales, de Puebla y Quintana Roo

Por medio de un video publicado en Twitter la periodista y defensora de los Derechos Humanos, Lydia Cacho, explicó su caso, que a 13 años aún continúa en proceso legal, ya que recientemente se emitieron órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, entre ellos el exgobernador de Puebla, Mario Marín.

De acuerdo a la periodista, Cacho fue detenida ilegalmente el 16 de diciembre de 2005 tras la publicación de su libro Los demonios del Edén.

“Por ello, fui detenida arbitrariamente, torturada y encarcelada por documentar una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales”, destacó en la publicación.

Entre los 19 personajes se encuentran, tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, al igual que un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías y dos presuntos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge, esto de acuerdo a la petición publicada en Change.org que Lydia Cacho también lanzó en busca de la reparación del daño.

En el video, la periodista sostiene que en los gobiernos federales anteriores trataron de desacreditarla e incluso usaron a una de las víctimas en su contra.

Les pido que imaginen por un segundo…Si el Estado me hizo esto a mí por documentar la realidad, ¿Cómo trata a los cientos de miles de víctimas de secuestro, desaparición forzada pornografía infantil y feminicidio cuyos nombres no conocemos?

En las imágenes, Cacho muestra el chaleco antibalas que le fue entregado el último día del sexenio de Peña Nieto, cuando fue puesta bajo custodia de escoltas armados, ya que admitieron que su vida está en riesgo.

Con la petición, Lydia Cacho busca que las autoridades mexicanas bajo el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la SEGOB y la Fiscalía General de Quintana Roo y Puebla reparen el daño integral bajo los acuerdos del Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Por medio de un video publicado en Twitter la periodista y defensora de los Derechos Humanos, Lydia Cacho, explicó su caso, que a 13 años aún continúa en proceso legal, ya que recientemente se emitieron órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, entre ellos el exgobernador de Puebla, Mario Marín.

De acuerdo a la periodista, Cacho fue detenida ilegalmente el 16 de diciembre de 2005 tras la publicación de su libro Los demonios del Edén.

“Por ello, fui detenida arbitrariamente, torturada y encarcelada por documentar una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales”, destacó en la publicación.

Entre los 19 personajes se encuentran, tres gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla y un procurador de Quintana Roo, al igual que un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel, cinco policías y dos presuntos sicarios contratados por el empresario Kamel Nacif Borge, esto de acuerdo a la petición publicada en Change.org que Lydia Cacho también lanzó en busca de la reparación del daño.

En el video, la periodista sostiene que en los gobiernos federales anteriores trataron de desacreditarla e incluso usaron a una de las víctimas en su contra.

Les pido que imaginen por un segundo…Si el Estado me hizo esto a mí por documentar la realidad, ¿Cómo trata a los cientos de miles de víctimas de secuestro, desaparición forzada pornografía infantil y feminicidio cuyos nombres no conocemos?

En las imágenes, Cacho muestra el chaleco antibalas que le fue entregado el último día del sexenio de Peña Nieto, cuando fue puesta bajo custodia de escoltas armados, ya que admitieron que su vida está en riesgo.

Con la petición, Lydia Cacho busca que las autoridades mexicanas bajo el cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la SEGOB y la Fiscalía General de Quintana Roo y Puebla reparen el daño integral bajo los acuerdos del Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

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