Maribel es madre de una hija adolescente, hace 18 años se separó del padre de la joven después de ser víctima de violencia física, sin embargo, ahora se enfrenta a la violencia económica que ejerce en su contra al incumplir con sus obligaciones de asistencia familiar.
“Me enfrenté a 18 años de violencia física, lo que me llevó a dejar mi hogar, pero cuando regresé ya no pude entrar, él tenía una orden de restricción en mi contra, así que no pude sacar absolutamente nada, incluso mi hija y yo llegamos al refugio del DIF. Enfrentamos un proceso legal pues no cumple con el pago de su pensión y yo me las arreglo para sacar a mi hija adelante, desde vender comida hasta bordar, todo lo que pueda”.
Una persona puede ser limitada y controlada económicamente por algún miembro de su familia, y también se le puede impedir trabajar de manera remunerada; además, tras la separación de pareja, se puede evadir la asistencia familiar, mientras que en el ámbito laboral puede percibir un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo lugar. Estas agresiones se llaman violencia económica y, aunque es poco visible, está relacionado con la violencia de género.
De acuerdo con Rocío García Olmedo, exdiputada local en Puebla, la mayoría de las víctimas son mujeres, debido a que es común considerar que quien tiene el dinero, tiene el poder y, generalmente a nivel país quien tiene mayor ingreso son los hombres; agregó que este tipo de violencia de género se da con mayor frecuencia dentro de los hogares.
“La violencia económica se manifiesta a través de controlar los ingresos económicos que haya al interior de la familia porque es una forma de someter a las mujeres y se da por parte de quien ostenta el dominio económico, principalmente se da en aquellas convivencias en donde las mujeres solo se dedican al hogar sin remuneración”.
El 22.8 por ciento de las mujeres de 15 años o más en Puebla fueron víctimas de violencia económica por su última pareja, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH-2016) del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).
Estas son 502 mil 830 poblanas a las que se les controló económicamente, se les quitó o usó su dinero sin su consentimiento.
La misma encuesta arroja que el 4.1 por ciento de las mujeres de este grupo de edad fueron violentadas en el entorno familiar, lo que representa a 95 mil 596 féminas a las que algún miembro de su familia les limitó con recursos monetarios. Es importante mencionar que es la medición más reciente que existen en el país.
Marisol es educadora de profesión, sin embargo, desde que se casó no trabaja, pues su esposo le dijo que su responsabilidad era dedicarse al hogar, por lo que él se encarga de las cuestiones económica, sin embargo, reconoció que se ve limitada para comprar productos de primera necesidad e incluso para adquirir artículos personales.
“Sí me han llegado ofertas de empleo como educadora porque tengo algunas amigas maestras, hace tiempo me dijeron que podían darme trabajo fuera de la capital, yo lo vi como una posibilidad para traer más ingresos y también para distraerme, pero mi esposo no me dejó, dijo que no, que con lo que él daba era suficiente y rechacé la oferta”, contó.
A decir de la exdiputada federal Lucero Saldaña, “la violencia más común o visible es cuando los agresores las privan de oportunidades laborales por presencia de celos o por establecer un dominio y no las dejan trabajar. Cuando los roles de género afectan el control y acceso a los recursos y reducen la capacidad de las mujeres para actuar y tomar decisiones, se incrementa su vulnerabilidad a la violencia”.
Marisol, madre de dos adolescentes, relató que dedicarse a las labores del hogar y depender económicamente de una pareja no es nuevo en su entorno, ya que su madre también vivió en las mismas condiciones.
“Mi madre también se quedaba a cargo del hogar y mi padre era el que nos mantenía económicamente y esto fue porque él era muy celoso y no dejaba que mi mamá interactuara con otros hombres por eso no la dejaba trabajar y vivíamos con lo que le daba a mi madre, aunque a veces no alcanzara ni para medicina”, recordó.
PAREJAS, PRINCIPALES AGRESORES
De las 19 millones 96 mil 161 mexicanas de 15 años y más en el país que experimentó algún tipo de violencia de pareja a lo largo de su relación, el 21 por ciento fue víctima de violencia económica; 9 millones 105 mil 693 mujeres, de acuerdo con datos de la ENDIREH-2016.
En el caso del territorio poblano, de las 977 mil 714 víctimas de los diversos tipos de agresiones, 22.8 por ciento fue por violencia económica.
Los datos también reflejan que el padre fue el principal agresor a nivel nacional, ya que de las 13 millones 214 mil 320 mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia, el 22.7 por ciento mencionó que fue ejercida por parte de su progenitor, porcentaje que representa a 466 mil 375 féminas.
Mientras que el segundo miembro de la familia más mencionado fue la madre con el 20 por ciento, 408 mil 112 mujeres la nombraron como agresora; le siguió el hermano con el 18.4 por ciento y el hijo o hija con el 8 por ciento.
También aparecieron los suegros con 3.8 por ciento, cuñados con 3.7 por ciento, tíos con 3.4 por ciento, abuelos con 2.7 por ciento, primos con 2.3 por ciento, sobrinos con 2 por ciento y por último los padrastros o madrastras con 1.7 por ciento.
PENSIÓN ALIMENTARIA, LA MODALIDAD MÁS RECURRENTE
Según lo comentado por la exdiputada local Rocío García Olmedo, el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar es un de las modalidades de violencia económica más conocido y recurrente a nivel nacional.
En el caso de Puebla, los datos de la Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que de enero a noviembre del año pasado se denunciaron 277 casos de personas que no cumplieron con el monto económico destinado a las necesidades básicas de los hijos menores de edad que previamente estableció una resolución jurídica.
La cifra asciende a 21 mil 606 denuncias por este delito a nivel nacional emitidas durante el periodo previamente referido. Este delito se castiga de seis a tres años de prisión y de diez a treinta días multa, así como el pago de los alimentos.
La también integrante de la Red Plural de Mujeres, García Olmedo, recordó que en 2020 a nivel estatal se incluyó el delito de fraude familiar como violencia económica, mismo que es penalizado de uno a cinco años de prisión y multa de hasta 26 mil 64 pesos.
Este delito consiste en aquellas conductas de ocultar, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros, pues durante la disolución del matrimonio, los bienes materiales pueden ser un problema cuando alguna de las partes, con la intención de desfavorecer al otro, los traspasa a otra persona, vulnerando los derechos de los hijos.
Sin embargo, hasta el momento no existen datos sobre cuántas personas han cometido este ilícito.
¿CÓMO ERRADICAR LA VIOLENCIA ECONÓMICA?
De acuerdo con Lucero Saldaña integrante del colectivo 50+1, señaló que este tipo de violencia se debe de nombrar para que sea tomada en cuenta y se promuevan acciones de trabajo para erradicarla. “No puede pensarse que esta violencia es normal o natural, a nivel social podemos usar las redes sociales para denunciar lo que está pasando y así visibilizar, señalar la agresión, después se debe de convertir en delito y castigar estas acciones”.
Mientras que la priista Rocío García Olmedo, argumentó que se debe de visibilizar este tipo de violencia para que la ciudadanía conozca sobre ella y de esta manera que las autoridades en el estado trabajen en la prevención y detección de esta agresión mediante campañas que hablen sobre las consecuencias de ser agresores, con la finalidad de inhibir este tipo de delitos.
Si eres víctima de este tipo de violencia, puedes acceder a la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla, a través de la línea 2222323738 o por mensajería instantánea 2 23 56 40 20 y 22 23 60 55 90, para recibir apoyo.
