El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla ha solicitado al gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, su apoyo para la aprobación de la Declaración Especial de Ausencia en la región. Esta figura jurídica de carácter civil busca reconocer y proteger los derechos de las personas desaparecidas, así como sus familiares.
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Aunque la responsabilidad de avalar esta declaración recae en el Congreso del Estado de Puebla, un órgano autónomo, los miembros de este colectivo consideran que las hijas e hijos de personas desaparecidas necesitan garantías fundamentales como vivienda, educación, seguridad legal y atención médica.
“@SergioSalomonC sabedores de la autonomía del @CongresoPue, pero ocupamos su apoyo para que se apruebe la #LeydeDeclaraciónEspecialdeAusencia. Nuestros niños necesitan techo, educación, seguridad jurídica, servicios de salud. @CongresoPue cerrar bien, empezar bien”, publicaron.
El Sol de Puebla ya había dado a conocer que los familiares de aquellos que han desaparecido no solo enfrentan la angustia de no hallar a sus seres queridos, sino que también lidian con diversas dificultades derivadas de esta situación. Problemas como el alcoholismo, la depresión, los divorcios, los despidos laborales, el deterioro de la salud física y mental, así como el estrés de gestionar trámites legales en representación de los desaparecidos, son solo algunas de las realidades a las que se enfrentan.
En este contexto, la Declaración Especial de Ausencia (DEA) representaría un alivio significativo para las familias afectadas, al permitirles asumir la titularidad de propiedades, acceder a seguridad social, incluso buscar la patria potestad de los hijos que sus parientes desaparecidos dejaron a su cargo. No obstante, a pesar de los esfuerzos del Colectivo y hasta de la Clínica Minerva Calderón por agilizar el proceso en los juzgados locales, el Congreso poblano aún no ha dado su aval y el estatus de la declaración sigue en "estudio".
De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, los familiares, personas legitimadas por ley, pueden solicitar ante la autoridad jurisdiccional competente en materia civil la tramitación de esta declaración, tras haber transcurrido al menos tres meses desde que se dio aviso a las autoridades sobre la desaparición en cuestión. Sin embargo, en Puebla, la falta de avance en la discusión de este tema por parte de los diputados locales ha dejado en espera esta necesaria medida.
La complejidad de esta situación se ve agravada por la ausencia de la declaratoria, que dificulta la gestión de aspectos cotidianos. Por ejemplo, la inscripción de los nietos de desaparecidos en becas educativas gubernamentales se ve obstaculizada al requerirse la firma de los padres, quienes están ausentes. Además, al no disponer de actas de defunción, se impide a las familias acceder a recursos como los fondos de retiro de los desaparecidos, creando obstáculos adicionales en momentos de necesidad apremiante.
María Luisa Núñez Barojas, fundadora del Colectivo, ha señalado que muchas familias dependen de estos recursos para cubrir gastos básicos como útiles escolares y temas de salud. No obstante, la falta de una cláusula especial para casos de desaparición complica la reclamación de estos derechos, añadiendo una capa de dificultad a una situación ya de por sí desafiante.
En suma, la aprobación de la Declaración Especial de Ausencia en Puebla no solo representaría un acto de justicia hacia las familias de personas desaparecidas, sino que también sería un paso concreto hacia la protección de sus derechos, la mitigación de sus dificultades cotidianas y la garantía de su acceso a recursos esenciales.
