/ jueves 4 de enero de 2018

Encierran a Borge para evitar su fuga

El político fue extraditado ayer a México, donde enfrenta cargos de peculado y lavado

A siete meses de haber sido detenido en Panamá, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue extraditado a nuestro país, y puesto a disposición de un juez federal para que responda por cuatro delitos: lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública, por el desvío de más de 900 millones de pesos al erario, por lo que el exfuncionario se reservó su derecho a declarar y la PGR pidió vinculación a proceso para evitar que se fugue.

El funcionario, quien arribó a los juzgados del penal Neza-Bordo, a las 16:15 horas, fue presentado ante el juez de control, Enrique Beltrán Sentíes para llevar a cabo “la audiencia inicial”, en la que el juez calificó de legal su detención y extradición a México, y fue notificado de las órdenes de aprehensión en su contra por delitos del fuero federal y común, que no ameritan prisión preventiva.

En la audiencia, los fiscales de la PGR acusaron a Borge de idear y ejecutar un plan para enajenar y vender las propiedades del estado y actúo en coautoría con familiares y círculo cercano para nombrar Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario a fin de adquirir 22 predios localizados en Tulum, Benito Juárez, Islas Mujeres entre otros a través de Testaferros y empresas fachadas.

Señala que los predios fueron adquiridos y después  vendidos en 238 millones 790 mil 121.98, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15, por lo que hubo un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.

Vestido con camisa blanca y pantalón azul marino, el exmandatario pidió mantener reservados sus datos personales, -por lo que solo se le puede llamar Roberto “N”.

A pregunta expresa del juez de como se declara, Roberto Borge, y sus abogados, Antonio Collado y Javier López García, se reservó su derecho a declarar.

A pesar de que el exmandatario fue presentado en cumplimiento de una orden de aprehensión, cuenta con una suspensión concedida por un juez de amparo, es decir, que acudió voluntariamente.

Hasta el cierre de la edición, continuaba la audiencia en donde el juez decidirá si dicta prisión preventiva y en qué penal deberá estar hasta que se resuelva su situación. La Fiscalía presentó una presunta red de corrupción donde una de las principales artífices es su madre, Yolanda Angulo Castilla.

A siete meses de haber sido detenido en Panamá, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue extraditado a nuestro país, y puesto a disposición de un juez federal para que responda por cuatro delitos: lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública, por el desvío de más de 900 millones de pesos al erario, por lo que el exfuncionario se reservó su derecho a declarar y la PGR pidió vinculación a proceso para evitar que se fugue.

El funcionario, quien arribó a los juzgados del penal Neza-Bordo, a las 16:15 horas, fue presentado ante el juez de control, Enrique Beltrán Sentíes para llevar a cabo “la audiencia inicial”, en la que el juez calificó de legal su detención y extradición a México, y fue notificado de las órdenes de aprehensión en su contra por delitos del fuero federal y común, que no ameritan prisión preventiva.

En la audiencia, los fiscales de la PGR acusaron a Borge de idear y ejecutar un plan para enajenar y vender las propiedades del estado y actúo en coautoría con familiares y círculo cercano para nombrar Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario a fin de adquirir 22 predios localizados en Tulum, Benito Juárez, Islas Mujeres entre otros a través de Testaferros y empresas fachadas.

Señala que los predios fueron adquiridos y después  vendidos en 238 millones 790 mil 121.98, cuando su valor real era de mil 138 millones 889 mil 540.15, por lo que hubo un quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos.

Vestido con camisa blanca y pantalón azul marino, el exmandatario pidió mantener reservados sus datos personales, -por lo que solo se le puede llamar Roberto “N”.

A pregunta expresa del juez de como se declara, Roberto Borge, y sus abogados, Antonio Collado y Javier López García, se reservó su derecho a declarar.

A pesar de que el exmandatario fue presentado en cumplimiento de una orden de aprehensión, cuenta con una suspensión concedida por un juez de amparo, es decir, que acudió voluntariamente.

Hasta el cierre de la edición, continuaba la audiencia en donde el juez decidirá si dicta prisión preventiva y en qué penal deberá estar hasta que se resuelva su situación. La Fiscalía presentó una presunta red de corrupción donde una de las principales artífices es su madre, Yolanda Angulo Castilla.

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