/ jueves 13 de febrero de 2020

Corrupción mina Estado de Derecho en México

El orden y la seguridad se desplomó en 19 estados del país el año pasado, de acuerdo con la segunda edición del Índice de Estado de Derecho en México del World Justice Project (WJP)

El aumento en el último año de la violencia, la incidencia criminal y la corrupción en las entidades de la República son los factores principales del debilitamiento del Estado de derecho en México, de acuerdo con World Justice Project (WJP) en la segunda edición del Índice de Estado de Derecho en México, que hoy será presentado con la participación del presidente de la Conago, Francisco Domínguez. Todas las entidades quedan a deber en el cumplimiento de la ley, el acceso a la procuración de la justicia o el combate a la corrupción, incluso, desde la oficina de los gobernadores.

El índice analiza ocho factores, que a su vez se desagregan en 42 subvariables para medir qué tanto se cumple la ley desde la percepción de los encuestados y cifras oficiales.

Durante 2019, el rubro de orden y seguridad registró una caída en 19 estados del país respecto al puntaje obtenido en 2018 como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, la prevalencia e incidencia delictivas y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos.

Los 10 estados con el mayor retroceso en esta materia son Tlaxcala, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

Además, el WJP indicó que existe la percepción de un alto porcentaje de corrupción de los gobernadores, así como la falta de acceso a la justicia y la poca eficiencia de los procesos de justicia civil.

"La percepción de la población es que la corrupción en altos niveles es muy grande y que no se ha hecho lo suficiente para combatirla", dijo Mario Rodríguez, investigador del WJP.

Los investigadores del WJP explicaron que si bien la seguridad está en buena parte a cargo del Gobierno federal, también se está midiendo la efectividad de policías estatales y municipales. A nivel local, por ejemplo, el robo a transeúnte impacta en buena parte la percepción de seguridad y esa corresponde al ámbito local.

"Esto no es una evaluación como tal del Gobierno federal, sino de los cambios que se están dando al interior de los estados de la República", puntualizó Eréndira González, investigadora del WJP.

El Estado de Derecho se entiende como el principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, donde hay respeto a derechos humanos.

En la dimensión de Justicia civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema judicial civil, la mayoría de los estados que tienen los puntajes más bajos de esta dimensión son los relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de justicia civil. La mayoría de los estados también enfrentan grandes desafíos en el factor que evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, especialmente al medir la efectividad de las investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos. De hecho, este fue uno de los ejes "peor evaluado". Esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian, los cuales fueron estimados por el Inegi en 93.2 por ciento en el país.

El WJP llegó a estas conclusiones luego de haber medido más de 600 variables generadas a partir de las respuestas a una encuesta aplicada en junio y agosto de 2019 a 25 mil 600 ciudadanos y a dos mil 600 expertos en derecho en las 32 entidades federativas, en torno a materias como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. También se tomaron en cuenta 12 indicadores con datos administrativos y de encuestas con representatividad estatal.

De esta manera, otorgó a cada entidad una calificación del 0 al 1, siendo el uno la calificación máxima en cuanto a apego al Estado de Derecho. Ningún estado obtuvo una calificación perfecta, siendo los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). Estos mismos estados lideraron el ranking en la edición de 2018 del Índice.

Los estados en los lugares más bajos fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35). En la edición pasada Guerrero también se ubicó al final del ranking.

"Hemos identificado que los estados que están haciendo las cosas bien siguen avanzando, mientras que los peor evaluados están estancados. Por ejemplo, Guerrero a pesar de que está cerrando esta brecha aún le falta mucho por hacer", dijeron los investigadores.

Según explicó Jorge Morales, investigador basado en Washington D.C. del WJP, la medición busca identificar las diferencias entre entidades, sus carencias, así como los avances registrados en el tiempo derivados de políticas públicas emprendidas en los estados y replicarlos.

Este ejercicio de medición subnacional para un país en específico es el primero en llevarse a cabo por el WJP, y la idea es que se realice año con año. "Hay un interés de saber si estas políticas públicas que llevan implementándose durante años están o no dando resultado", explicó Morales.

El aumento en el último año de la violencia, la incidencia criminal y la corrupción en las entidades de la República son los factores principales del debilitamiento del Estado de derecho en México, de acuerdo con World Justice Project (WJP) en la segunda edición del Índice de Estado de Derecho en México, que hoy será presentado con la participación del presidente de la Conago, Francisco Domínguez. Todas las entidades quedan a deber en el cumplimiento de la ley, el acceso a la procuración de la justicia o el combate a la corrupción, incluso, desde la oficina de los gobernadores.

El índice analiza ocho factores, que a su vez se desagregan en 42 subvariables para medir qué tanto se cumple la ley desde la percepción de los encuestados y cifras oficiales.

Durante 2019, el rubro de orden y seguridad registró una caída en 19 estados del país respecto al puntaje obtenido en 2018 como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, la prevalencia e incidencia delictivas y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos.

Los 10 estados con el mayor retroceso en esta materia son Tlaxcala, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

Además, el WJP indicó que existe la percepción de un alto porcentaje de corrupción de los gobernadores, así como la falta de acceso a la justicia y la poca eficiencia de los procesos de justicia civil.

"La percepción de la población es que la corrupción en altos niveles es muy grande y que no se ha hecho lo suficiente para combatirla", dijo Mario Rodríguez, investigador del WJP.

Los investigadores del WJP explicaron que si bien la seguridad está en buena parte a cargo del Gobierno federal, también se está midiendo la efectividad de policías estatales y municipales. A nivel local, por ejemplo, el robo a transeúnte impacta en buena parte la percepción de seguridad y esa corresponde al ámbito local.

"Esto no es una evaluación como tal del Gobierno federal, sino de los cambios que se están dando al interior de los estados de la República", puntualizó Eréndira González, investigadora del WJP.

El Estado de Derecho se entiende como el principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, donde hay respeto a derechos humanos.

En la dimensión de Justicia civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema judicial civil, la mayoría de los estados que tienen los puntajes más bajos de esta dimensión son los relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de justicia civil. La mayoría de los estados también enfrentan grandes desafíos en el factor que evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, especialmente al medir la efectividad de las investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos. De hecho, este fue uno de los ejes "peor evaluado". Esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian, los cuales fueron estimados por el Inegi en 93.2 por ciento en el país.

El WJP llegó a estas conclusiones luego de haber medido más de 600 variables generadas a partir de las respuestas a una encuesta aplicada en junio y agosto de 2019 a 25 mil 600 ciudadanos y a dos mil 600 expertos en derecho en las 32 entidades federativas, en torno a materias como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. También se tomaron en cuenta 12 indicadores con datos administrativos y de encuestas con representatividad estatal.

De esta manera, otorgó a cada entidad una calificación del 0 al 1, siendo el uno la calificación máxima en cuanto a apego al Estado de Derecho. Ningún estado obtuvo una calificación perfecta, siendo los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). Estos mismos estados lideraron el ranking en la edición de 2018 del Índice.

Los estados en los lugares más bajos fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35). En la edición pasada Guerrero también se ubicó al final del ranking.

"Hemos identificado que los estados que están haciendo las cosas bien siguen avanzando, mientras que los peor evaluados están estancados. Por ejemplo, Guerrero a pesar de que está cerrando esta brecha aún le falta mucho por hacer", dijeron los investigadores.

Según explicó Jorge Morales, investigador basado en Washington D.C. del WJP, la medición busca identificar las diferencias entre entidades, sus carencias, así como los avances registrados en el tiempo derivados de políticas públicas emprendidas en los estados y replicarlos.

Este ejercicio de medición subnacional para un país en específico es el primero en llevarse a cabo por el WJP, y la idea es que se realice año con año. "Hay un interés de saber si estas políticas públicas que llevan implementándose durante años están o no dando resultado", explicó Morales.

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