Al considerar que en la discusión y aprobación en el Congreso de la Unión de las reformas secundarias en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como Plan B, se presentaron “graves violaciones” a la Constitución y al proceso legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió declarar la “invalidez total” de la primera parte de dicho ordenamiento.
Los nueve ministros que votaron a favor de la invalidez fueron Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Margarita Ríos Farjat, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, así como la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández.
En la pluma de Javier Orozco: Antena | La 4T vs la SCJN
Las dos ministras que emitieron su sufragio en contra de la invalidez del proyecto del Ejecutivo federal fueron Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Nueve votos contra dos
Con ello, los ministros del máximo órgano de justicia del país le dieron la razón a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como del partido local “Hagamos”, del estado de Jalisco.
Uno de los “graves vicios” que se dieron en este proceso legislativo, coincidieron los nueve ministros que votaron por la invalidez del decreto, fue que no se publicó la iniciativa en la materia con las 24 horas de anticipación que requiere la ley.
Tras fundamentar el proyecto para anular las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas del Plan B, el ministro Pérez Dayán advirtió que el conjunto de vicios en el proceso parlamentario de esta legislación “es de tal magnitud que producen perversión en los criterios democráticos”.
El cúmulo de irregularidades y violaciones a los reglamentos de cada Cámara en las que se incurrió durante el procedimiento legislativo que culminó con la aprobación del decreto impugnado —argumentó— “conlleva una afectación sustancial a los valores centrales de la dimensión deliberativa de la democracia representativa”.
La Ley General de Comunicación Social, aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de diciembre de 2022, y esta es más laxa en materia de propaganda, pues no considera que incurran en esta categoría las manifestaciones de las personas servidoras públicas; además, contiene algunos cambios en lo que respecta a las campañas de comunicación gubernamentales.
El ministro Luis María Aguilar Morales fue más allá, al echar mano de una de las frases favoritas de López Obrador, que fue acuñada por el presidente Benito Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Y añadió: “la Constitución es de todos los mexicanos”.
“No se puede asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales. Avalar un procedimiento legislativo con estos rasgos sería una perversión de las reglas democráticas”, expuso.
Arturo Zaldívar dio la sorpresa en la sesión del pleno, ya que se esperaba que su voto fuera en contra del proyecto. El ministro manifestó que hubo un “efecto corruptor” en la discusión y aprobación del Plan B en materia electoral, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
“Me parece clarísimo que la premura en la que se llevan a cabo todos estos procesos (legislativos), que hay que verlos en su conjunto, me parece que se genera un efecto corruptor en el proceso legislativo que me hacen votar por la invalidez total de este decreto y en el sentido del proyecto”, adelantó Zaldívar Lelo de Larrea.
Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte, argumentó que no se respetó la obligación de publicar la iniciativa de ley con la debida anticipación de 24 horas y dijo que “sólo transcurrió una hora entre su publicación y su aprobación, lo que a su vez se tradujo en que la mayoría de los legisladores tenían conocimiento de la iniciativa de ley”.
La ministra Margarita Ríos Farjat señaló, en su oportunidad, que el procedimiento legislativo afectó la deliberación de estas reformas en términos constitucionales. Anotó que, “como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros. Celebro que eso sea posible, porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación”.
El debate en la Sala Superior de la SCJN se dio a unas horas de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República advirtió que si los ministros invalidaban el proceso legislativo del Plan B de la reforma electoral estaría sustituyendo las funciones del Congreso de la Unión.
“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la Suprema Corte de Justicia no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión”, señaló el domingo la Consejería Jurídica en un comunicado.
La instancia que preside la consejera María Estela Ríos González advirtió que, de hacerlo, los ministros de la SCJN “violarán el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”.
Líderes de partidos, senadores y diputados de oposición del PAN, PRI, PRD y MC se congratularon por la decisión de la Corte al indicar que el máximo tribunal del país les dio la razón y se demostró la división de poderes.
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“¡Ganó la democracia! La @SCJN desecha la 1era parte del plan B de @lopezobrador”, dijo el líder de los panistas, Marko Cortés Mendoza en su cuenta de Twitter. Mientras que el perredista Jesús Zambrano comentó en un video: “celebramos que hay división de poderes, hay confianza, que vamos a continuar con un México democrático”.
||Con información de Javier Divany||
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