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Sancionados 782 en el Poder Judicial Federal, 1995-2015

  • Nidia Marin
  • en México

 | Primera de dos partes | 

No es un coto de caza y pesca, pero tampoco el paraíso de la anticorrupción. No, el Poder Judicial en México padece las mismas enfermedades de la República, aunque a veces paguen justos por pecadores.

Pudiera ser el caso del juez recientemente asesinado en Metepec, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, tras la solicitud de su padre, el abogado Vicente Bermúdez, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar a profundidad el sistema de justicia, ante la rampante corrupción y el señalamiento de las divergencias del juez con dos personas pertenecientes a ese poder.

¿Entonces, cómo andamos en materia de corrupción en el Poder Judicial?

En este caso juzgue usted.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados, el año pasado dio a conocer que de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura, la cifra de funcionarios sancionados en el Poder Judicial Federal, 1995-2015 (magistrados, jueces, secretarios, actuarios y oficiales) fueron 782, de los cuales 560 recibieron apercibimiento privado, 191, amonestación pública, 159, suspensión, 96, amonestación privada, 89, apercibimiento público, 69, destitución; 59, inhabilitación; y 19, sanción económica.

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Asimismo, el número de sanciones aplicadas a funcionarios en el Poder Judicial Federal, 1995-2015 (apercibimientos, amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones, destituciones y sanciones económicas) fueron: 421 a jueces de distrito, 289, a magistrados de circuito, 218 a secretarios de juzgado, 107 a actuarios judiciales, 95 a secretarios de tribunal, 87 a oficiales administrativos y 25 a otros.

Los jueces, en lo particular no están tan mal evaluados, porque los peores en materia de percepción son los diputados, los senadores, los servidores públicos y las policías de las comunidades del país, conforme a la “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013”, ENCIG, INEGI, México, 2014.

Además, en cuanto a percepción sobre la frecuencia de corrupción por sectores, las policías, partidos políticos y ministerios públicos tienen los primeros tres lugares, seguidos por Gobiernos estatales, diputados y senadores, sin aparecer jueces y demás. Ello, de acuerdo con el Cesop que se basa en la “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013”, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Acerca del porcentaje de satisfacción y mayor/menor prevalencia de corrupción por tipo de trámite, los juzgados y tribunales tienen 44.1 por ciento y los que se realizan ante Ministerio Público 33.7 por ciento, según el INEGI en “Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción”, 2014.

En esa encuesta se pregunta: ¿En su opinión qué tanto cree que los siguientes aspectos ayuden a mejorar la impartición de justicia y a transparentar los procesos penales en México? Los porcentajes mejores fueron: presentar ante el Ministerio Público o Juez a una persona acusada de cometer un delito inmediatamente después de ser detenido o aprehendido (65 por ciento mucho o algo), solicitar la localización geográfica de los acusados por parte de las autoridades (56 por ciento), videograbar los juicios orales (55 por ciento) y presentar y tratar a todo acusado como inocente en todas las etapas del procedimiento hasta que se dicte sentencia (53 por ciento).

Sin embargo, la confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que hace cumplir de manera efectiva la Constitución es escasa (13 por ciento), contra 60 por ciento que no está de acuerdo, mientras que solo 6 por ciento dijo que la honestidad y la justicia prevalecen en los juzgados de nuestro país, pero 67 por ciento se mostró en desacuerdo. Y 45 por ciento estuvo de acuerdo en que las leyes en México benefician a delincuentes, contra solo 25 por ciento en desacuerdo.


LO QUE DICEN LOS USUARIOS DE LA JUSTICIA


Por otra parte, en ese trabajo del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, también se incluye la percepción que tienen los usuarios de los servicios en materia de justicia que brinda el Poder Judicial a nivel federal y local.

Explica que, con los datos generados por una encuesta supervisada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y levantada tanto en tribunales del fuero federal como del fuero local, se logra tener una panorámica acerca de algunos rubros que van desde las eventuales irregularidades que enfrentaron los ciudadanos en el desarrollo de sus procesos legales, pasando por las tribulaciones económicas, pago de sobornos y abusos de autoridad que tales personas tuvieron que afrontar.

Al preguntar la frase “las sentencias alcanzadas por los jueces son casi siempre justas”, 40 por ciento dijo que sí, 36 por ciento estuvo de acuerdo en parte y 21 en desacuerdo. Además, 43 por ciento consideró que “los jueces dejan libres a muchos sospechosos”, 33 por ciento dijo que en parte y 17 por ciento dijo que no.

Asimismo, sobre la frase “en general, los jueces son honestos”, 45 por ciento dijo que sí, 36 por ciento en parte y 17 por ciento que no. Acerca de que “los jueces favorecen a algunas personas sobre otras”, un porcentaje de 46 dijo que sí, uno de 31que en parte y uno de 17 que no.

“Por lo general, en los juzgados se garantiza un juicio justo para todos”, fue otra frase. Un porcentaje de 48 dijo estar de acuerdo, mientras 32 por ciento dijo en parte y 19 por ciento estuvo en desacuerdo. Y, finalmente sobre si “los tribunales respetan los derechos de las personas” las respuestas fueron positivas en 54 por ciento, en parte 33 por ciento y negativas 12 por ciento.

Por cierto, lo que sería más importante para que la gente se considerara satisfecho con el funcionamiento de un tribunal, fue rapidez en los procesos y en segundo sitio, imparcialidad y respeto a las leyes, seguido en el tercer lugar, por más honestidad.

Después de observar los porcentajes ¿se puede esperar mucho del Estado de Derecho? El Cesop lo contempló basado en el Índice Mundial del Estado de Derecho, con fundamento en el proyecto de investigación coordinado por una institución con sede en Estados Unidos, denominada World Justice Project. Involucra a ciudadanos y líderes de todo el mundo en distintos sectores y profesiones, el cual tiene por objeto diagnosticar el Estado de Derecho y los sistemas de justicia de un centenar de naciones de diferentes latitudes.

Dicha organización sitúa a México en el lugar 90 de un total de 99 naciones examinadas. De acuerdo con el estudio anotado, nuestro país obtiene también bajas evaluaciones en otros ámbitos, como las calificaciones en justicia civil (posición 880 a nivel mundial), en materia de corrupción (lugar 780 de 99), sobre delincuencia y violencia (ranking 960 a nivel mundial) o sobre justicia penal (lugar 970 de la clasificación general en ese rubro). En los índices diseñados por el World Justice Project, mientras más oscuro aparece el territorio de un país, más desfavorable es su evaluación.

Dice el Cesop que los países de América Latina son los que, de acuerdo con el Índice del Estado Mundial de Derecho enfrentan más violencia, justicia ineficaz y corrupción.

Igualmente, se estima que en esta región es donde existen las tasas de criminalidad más altas del mundo y en donde el uso de la violencia para resolver agravios personales, está seriamente extendida, añade.

“El estudio señala que los sistemas de justicia penal son en promedio los menos eficaces en el mundo y que los rezagos judiciales y falta de aplicación efectiva de la justicia civil, se han generalizado en la zona, al tiempo que la corrupción y la impunidad, siguen siendo los principales desafíos regionales”, expone la institución de la Cámara baja.

Así, añade, las tasas de condenas por delitos cometidos en los países de la región, son muy bajas comparativamente con las existentes en otras latitudes.

En las ilustraciones se muestra que las naciones mejor posicionadas en la zona son: Uruguay y Chile y que por el contrario, México, Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Venezuela son los países de Latinoamérica peor clasificados a nivel mundial. (Continuará)


LOS AMBITOS CIVIL Y PENAL


Otro renglón que abarca la institución de investigación es la justicia en el ámbito civil y la clasificación de México a nivel internacional.

Expone que la clasificación efectuada por World Justice Project (en 2014) en materia de justicia civil a nivel internacional, se compone de 57 variables que fueron agrupadas atendiendo a siete vertientes:

a) Posibilidad de que las personas logren cubrir los gastos inherentes a un juicio civil

b) Discriminación

c) Corrupción

d) Influencia indebida del Gobierno

e) Retrasos indebidos

f) Cumplimiento efectivo

g) Accesibilidad, imparcialidad y eficiencia

En un mapa se muestra la posición de México respecto a otras 98 naciones evaluadas en el tema de la administración de justicia en materia civil.

El mapa mencionado tiene colores que van de lila a morado muy oscuro. Este último significa una evaluación desfavorable. Bueno, nuestro país está en el tono más oscuro.

Por cuanto a la justicia en materia penal y su clasificación de México a nivel internacional tampoco estamos bien evaluados.

Explican los autores del trabajo del Cesop que la clasificación efectuada por World Justice Project en materia de justicia penal a nivel internacional se compone de 97 variables que se agruparon atendiendo a siete vertientes:

a) Efectividad del sistema de investigación penal.

b) Eficacia y oportunidad del sistema de legal en materia penal.

c) Eficacia del sistema penitenciario para la reducción de la delincuencia.

d) Imparcialidad del sistema de justicia penal.

e) No corrupción en el sistema de justicia penal.

f) Influencia indebida del Gobierno en el sistema de justicia penal.

g) Derechos de los acusados y debido proceso de la ley.

Otro renglón, el de percepción de orden y seguridad en México, con mucha pena, pero no cambia el tono oscuro, aunque ahora sea azul y no morado.

“La violencia derivada de la falta de protección a la seguridad personal impide el ejercicio de los derechos humanos y bloquea el acceso a la justicia. En situaciones extremas, la violencia puede convertirse en la norma si el sistema legal es inaplicable, según lo afirma The World Justice Project”, expone el Cesop.

Añade que bajo el imperio de la ley, el Estado debe prevenir la delincuencia y la violencia de todo tipo, incluida la política y la justicia por mano propia.

Abarca tres dimensiones: la ausencia de delito, ausencia de conflicto civil, (incluido el terrorismo y el conflicto armado) y la ausencia de la violencia como un medio para reparar los agravios personales.

La clasificación efectuada por World Justice Project en este rubro, precisa, se compone de 17 variables que se agruparon atendiendo a tres vertientes:

a) Control eficaz del crimen.

b) Delimitación efectiva de los conflictos civiles.

c) Los ciudadanos no recurren a la violencia para reparar las infracciones personales.

Pero ante el reciente asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, hay quienes renuevan su solicitud de una Policía Judicial que daría seguridad a los integrantes del Poder Judicial.

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