Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de todo el país alertaron que la reforma que plasma en la Constitución el “derecho a ser buscado”, aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, entorpecerá las labores de localización y es "meramente anecdótica", pues si bien reconoce un derecho, imposibilita su garantía al establecer que las búsquedas no estarán vinculadas a una investigación ministerial.
Ayer, un grupo de 30 colectivos de búsqueda de personas y 67 familiares difundieron una carta en la que acusan que no fueron incluidos en la discusión de la reforma al artículo 17 de la Constitución que fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales el 24 de enero de éste año, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y por Particulares así lo obliga.
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Los firmantes de la carta señalan además que el mayor riesgo es que la reforma quita a los ministerios públicos responsabilidades.
Jorge Verástegui, activista y buscador de su hermano y su tío desaparecidos en Coahuila, dijo en entrevista con El Sol de México que con la reforma los ministerios públicos podrían presentar más trabas para iniciar con los procesos de búsqueda, ya que se verían imposibilitados jurídicamente a realizar labores de localización, pues las comisiones de búsqueda, tanto la nacional como las locales, adquirirán nuevas responsabilidades sin los recursos para afrontarlas.
“Ahora con esta redacción, sin ningún problema el Ministerio Público podría decir ‘no me corresponde a mí’ y seguramente dirá ‘le corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda’ y entonces ya no se podría buscar desde las fiscalías. Hay que ser también muy claros en que la comisión o las comisiones de búsqueda, tanto la nacional como las locales, no tienen facultades expresas de investigación”, dijo.
Agregó que si los diputados aprueban el dictamen tal y como salió de la Comisión de Puntos Constitucionales, provocarán que las familias se expongan aún más de lo que ya lo hacen al hacer búsquedas por sus propios medios, ya que en muchos casos de desaparición está involucrado el crimen organizado y éstos atentan contra las familias que recorren territorios bajo su control buscando a sus familiares.
La reforma espera ser discutida, y en su caso aprobada, por el Pleno de la Cámara de Diputados en las próximas semanas y por ello los colectivos demandan que se haga un parlamento abierto para corregir los errores que advierten.
Verastegui afirmó que si se quiere hacer una reforma de éste calado, la discusión tendría que ser en torno a agregar o no más facultades a las comisiones de búsqueda, sin invadir las que tienen los ministerios públicos, y si no es así acusa que se estaría “legislado por legislar”.
“Si ya se está frente a la propuesta de una reforma constitucional que no es menor, sentémonos justo a dialogar si se le pueden dar o no facultades de investigación a las comisiones de búsqueda, no de una investigación de carácter ministerial o penal sino de otra naturaleza en las que éstas comisiones puedan realizar actos como intervención de comunicaciones, cateos, exhumaciones, es decir, una serie de actos que hoy pueden hacer las fiscalías pero que no quieren hacer”, sostuvo.
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